Caracas. EFE. La Corte de Apelaciones de Venezuela ratificó hoy la sentencia a 19 años de prisión por homicidio dictada contra José Sánchez «Mazuco» el pasado diciembre, tres meses después de ser elegido diputado opositor al presidente del país, Hugo Chávez.

«Su elección como diputado no es una carta blanca para gozar de inmunidad, tal como lo explicó el pasado 14 de octubre la fiscal general, Luisa Ortega, quien aclaró que la inmunidad parlamentaria sólo se hace efectiva en ejercicio de tales funciones», dijo hoy la agencia estatal de noticias AVN al dar a conocer el fallo judicial.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había indicado previamente que, además, la inmunidad parlamentaria no cubre hechos delictivos anteriores a la elección de los imputados.

Alias «Mazuco» ejercía como jefe de Seguridad de la Gobernación del estado Zulia (noroeste) cuando en agosto de 2007 fue asesinado en una prisión bajo su jurisdicción el agente de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) Claudio Macías Briceño.

«Mazuco», nombrado en su cargo por el entonces gobernador Manuel Rosales, uno de los líderes de la oposición a Chávez, actualmente asilado en Perú, fue hallado culpable del homicidio intencional calificado con alevosía y privación ilegítima de libertad del agente, cuya muerte fue inicialmente atribuida a un suicidio.

La autopsia posterior reveló «signos de violencia atípicos de una muerte por ahorcamiento, tales como fractura de columna y desprendimiento de los dos brazos y piernas», destacó la sentencia judicial de diciembre y ratificada hoy.

Pese a estos señalamientos, destacó AVN, «Mazuco», quien niega el crimen, «fue postulado a diputado por el partido de derecha Un Nuevo Tiempo (UNT), cargo en el que resultó electo», pero debido a que se encontraba en prisión no fue juramentado.

En cambio, Freddy Curupe y Biagio Pilieri, otros dos opositores presos cuando asimismo fueron elegidos en las parlamentarias de septiembre pasado, tomaron posesión de sus escaños tras ser liberados a finales del pasado febrero.

Ello gracias a una huelga de hambre que un grupo de jóvenes asimismo contrarios a Chávez efectuó entonces ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas.

La liberación de los dos procesados por malversación de fondos públicos cuando ejercían como alcaldes fue fruto del ayuno que mantuvo el grupo de jóvenes opositores desde el 31 de enero hasta el 24 de febrero en apoyo de 27 supuestos «presos politicos».