Como una intromisión de los organismos internacionales calificó este miércoles el ministro de la Presidencia el repudio de la Embajada norteamericana a la muerte de un niño el pasado domingo, tras el incendio de las viviendas de cuatro haitianos en el batey Altagracia de Barahona, y lamentó que no se tome en cuenta un hecho similar cuando muere un inmigrante latinoamericano en Estados Unidos.

El doctor César Pina Toribio afirmó que el gobierno dominicano es el primero en lamentar un hecho de esa naturaleza, e insistió en que resulta doloroso que los esfuerzos realizados para que no haya un brote de violencia relacionada con los hermanos haitianos no haya podido evitar este incidente, pero hay que señalar que se trata de un caso aislado.

La embajada de Estados Unidos repudió la muerte de un niño de tres años en un acto en el que varios hombres quemaron cuatro casas de haitianos en el Batey Altagracia, Barahona.

En su comunicado, la sede diplomática entiende que los actos extra-judiciales de violencia contradicen el Estado de Derecho y amenazan los principios más fundamentales de la gobernabilidad democrática.

El niño muerto, Obenson Pie, era hijo de Meivin Pie y la Policía informó que persigue a varios desconocidos que incendiaron las cuatro viviendas, agregando que los individuos querían asesinar al padre del menor porque alegadamente, junto a otros compatriotas, golpearon y despojaron de una escopeta al dominicano Víctor Matos, de 42 años, quien labora como seguridad en el área donde se construirá la presa de Monte Grande, y la Policía informó que tras el incidente, dominicanos incendiaron las cuatro casuchas en venganza.

Pina Toribio entiende que hechos como el del niño muerto en un incendio en Barahona durante un pleito entre dominicanos y haitianos, compromete al Estado dominicano a reforzar la vigilancia para que el tránsito ilegal por la frontera disminuya hasta agotarse, y emprender labores de cooperación para aliviar los problemas de Haití.

El funcionario explicó que las repatriaciones de haitianos tienen las mayores garantías de la integridad individual de los los afectados, y enfatizó en que el compromiso es el derecho como Estado, de controlar las migraciones ilegales, dentro del respeto a la dignidad humana.