Los dominicanos debemos estar conscientes de que en la región del Caribe están desarrollándose en la actualidad, contradicciones muy peligrosas entre corrientes mundiales y continentales de signo político ideológico.

Por tanto, es preciso mantener una actitud de alerta frente a cualquier intento de convertir la isla en un teatro de sus conflictos desestabilizadores, así como de aprovechar coyunturas que permitan continuar con infames campañas de agresión contra la soberanía, integridad e identidad de la República Dominicana.

Llamamos la atención de que la caravana de inmigrantes que marchan desde Centroamérica hacia los Estados Unidos y las movilizaciones populares violentas que se realizan en Haití contra los ajustes de precios de combustibles y la corrupción con los fondos de Petrocaribe, a todas luces responden a estrategias de poderosos actores regionales como expresión de nuevas formas de lucha en el Siglo XXI.

En lo que respecta a estos eventos en Haití, que ya provocaron la caída del anterior primer ministro y que auguran en los próximos días disturbios mayúsculos, advertimos al pueblo dominicano que existe un interés marcado de algunos sectores haitianos y foráneos de responsabilizar a los dominicanos de los problemas del pueblo vecino con animo de azuzar conflictos mayores.

Asimismo, existen muestras crecientes de que tanto en Haití como en Dominicana se están preparando las condiciones para repetir la experiencia ensayada por primera vez en Guatemala, con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CIGIG), de una Intervención Judicial Internacional
En ese contexto crítico, hacemos un ferviente llamado a todas las organizaciones sociales, líderes de opinión, partidos políticos y ciudadanos que se han manifestado en favor de la construcción de un muro fronterizo, sumar y coordinar esfuerzos con sentido patriótico con el objetivo de crear un movimiento nacional popular de resistencia activa, no violenta, para enfrentar los planes criminales que pretenden borrar la frontera e imponer una “solución dominicana” a los problemas de Haití.

La FNP y el Polo Soberano impulsan una petición popular para la aprobación de un proyecto de ley que ordene la construcción de esa infraestructura física tecnológica estratégica, imprescindible para la defensa de la patria.

Será un mensaje poderoso, al través de un ejercicio de democracia participativa, de que el pueblo exige un cambio profundo en las políticas exterior e interior, con que erróneamente vienen enfrentándose este enorme desafío.

En apenas meses, hemos recolectado más de 35 mil firmas de adhesión solo en el Distrito Nacional, y a partir de la semana entrante esa campaña se extenderá e intensificara en todo el país.

Es momento de ser proactivos y previsores: lo acontecido recientemente a un grupo de destacados profesionales y empresarios en la frontera, es un signo alarmante de la pérdida del control territorial de parte del Estado en esa sensible región, que solo trascendió por la significación social de las víctimas del secuestro, y que empeorará con el tiempo si no se cambia el enfoque que ha prevalecido.

Pero también urge reclamar al gobierno del presidente Danilo Medina abstenerse de suscribir la Convención de Naciones Unidas sobre Migración, abierta a las firmas de los estados miembros en la Conferencia que se celebrará en Marruecos el mes próximo, por contener disposiciones muy peligrosas y enfoques ideológicos contra la soberanía de los Estados.

Esa declaración considera la emigración como derecho humano fundamental, algo que en el actual contexto mundial sólo agravará la descomposición y derrumbe del orden global y estimulará el surgimiento de conflictos mayores.

Así como han hecho numerosos Estados recientemente, incluidos muchos del primer mundo, República Dominicana, que enfrenta más que problemas de migración un serio problema de seguridad nacional e internacional por la condición de estado fallido de Haití y la actitud irresponsable de los organismos internacionales y actores de la comunidad internacional, debe rechazar dicho instrumento, y en cambio, suscribir el enfoque adoptado por otros países, incluido Estados Unidos, de superar en cada región y estado los factores que estimulan la emigración.

Para asegurar ese objetivo, la región del Caribe precisa con urgencia una conferencia internacional para recuperar la estabilidad perdida, restaurar el orden democrático y preservar la seguridad hemisférica.
Pero, como la política exterior nada puede sin políticas de defensa e interior creíbles y coherentes, hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y al Congreso Nacional a retomar con prioridad el análisis actualizado, la discusión abierta y plural y la aprobación y publicación del Libro de Defensa Nacional o Libro Blanco de la Seguridad Nacional.

En el año 2006, dicho instrumento estaba en su fase de aprobación final, y a pesar de que el Estado Dominicano tiene muchas razones de seguridad internacional y nacional para contar con un instrumento de política de esa índole, resulta insólito que no haya concluido dicho proceso. Haití publicó su libro de Defensa en el 2015, y el mismo debe generar preocupaciones y suspicacias en los dominicanos, particularmente, por lo que omite decir en relación a República Dominicana.

Las FFAA tienen una obligación constitucional indeclinable de preservar la integridad territorial de la República Dominicana, y eso implica que deben expresar sin reservas y con solvencia profesional al poder civil cuáles son las condiciones imprescindibles para el cumplimiento de su elevada misión.

Asimismo, sin desconocer su carácter no deliberante, deben advertir al mando supremo en relación a los riesgos y potencialidades envueltos en cada situación de seguridad. Así como se ha dicho que “la guerra es un asunto demasiado importante para dejarlo solo en manos de los militares”, así la defensa y seguridad de la nación es igualmente importante para que los militares y muchos otros actores de autoridad de la nación, adopten permanentemente la actitud de cumplir pasivamente órdenes superiores, más cuando estas no responden o son contrarias a los mandatos constitucionales.