El Estado dominicano ha sido tan abusivamente expoliado a lo largo y ancho de su historia, que llegó el momento en que el reclamo por la aplicación de un régimen de consecuencias ha alcanzado niveles de grito colectivo. Sin embargo, se trata de un tema que es preciso abordar con suficiente madurez para que los esfuerzos desplegados en esa dirección, produzcan los efectos anhelados y no se traduzcan en nuevas frustraciones que viabilicen una mueca burlona de parte de potenciales imputados que otra vez se saldrían con las suyas.
Ningún dominicano interesado en el destino adecuado de nuestro patrimonio como nación y en establecer un sistema de aplicación de la Constitución y las leyes, podría postular porque el pasado no sea examinado para esclarecer de forma inequívoca el origen de fortunas cuya magnitud se constituye en elemento de sospecha legítima, sobre todo, al relacionarlas con los ingresos establecidos para posiciones públicas desempeñadas.
De ahí que, lo aquí consignado, lejos de percibirse como exhortación para solo mirar al futuro, debe interpretarse como sugerencia para que actuemos de forma correcta y se eviten yerros lamentables.
Acciones encaminadas a combatir la corrupción administrativa deben implementarse con apego a procedimientos legales y respeto al debido proceso. Lo peor que puede pasar es recurrir a estos mecanismos como forma de entretención pública y montar un circo en torno a ellos.
Para actuar de esa manera es preferible no hacer nada, dado el nefasto mensaje que eso enviaría tanto sobre hechos anteriores como para los que puedan surgir en el porvenir.
Ejemplo de lo que no debe hacerse es la farsa montada por Joaquín Balaguer en 1986. Novelón cotidiano, nocturno y televisado, donde ponía funcionarios a exponer situación financiera encontrada en sus dependencias.
Como era previsible, aquello formaba parte de un plan político del que el propio guionista renegó al desaparecer las causas que le motivaron a actuar de esa manera nada institucional.
Otro dislate esgrimido con frecuencia es demandar que el presidente se convierta en persecutor de hechos de naturaleza penal. Sería suponer que un primer mandatario esté actuando ante homicidios, abusos de confianza y otras infracciones. Su deber es probar que tiene la voluntad política necesaria para que el sistema judicial opere con absoluta libertad.
En relación con la parte que le corresponde, Procurador General y varios de sus adjuntos, propiciar reforma para fortalecer su independencia. Solo así, iremos en serio contra la impunidad.
Por: Pedro P. Yermenos Forastieri
pyermenos@yermenos-sanchez.com
