Algo anda mal en la justicia, de lo contrario no se justifica que una persona, en menos de dos años, presente más de 60 querellas civiles y penales contra 26 de sus vecinos (una de cada 10 familias), también someta a 4 funcionarios del Ayuntamiento del Distrito (ADN) y a dos fiscales.

Con el respaldado de abogados de renombre, que endosan extravagantes querellas, someten a la fiscalía del Distrito, en donde le dan aquiescencia y continuidad, hasta encontrar jueces que emitan fallos y sentencia favorables.

Para envolverse en semejante empréstito se debe disponer de recursos económicos y tener un buen motivo. El ser hijo de un luchador y haber estado casado con una heroína no fue lo que catapultó su fortuna; más bien proceden de ganancias obtenidas en litigios judiciales empresariales y luego como proveedor del Estado, en el gobierno de Leonel.

¿Cuál es el motivo? ¿Busca enriquecimiento, o se trata de una persona afectada de un comportamiento obsesivo-compulsivo? Las extensas áreas verdes protegidas, los proyectos de desarrollo en el río Isabela, la creación de una fundación e intentar apropiarse de la vivienda de una vecina, levantan sospechas de intereses.

El disentir con el ADN, y con los vecinos, sobre quienes deben votar y como se distribuirán los cargos en las elecciones de una Junta de vecinos; aunque parezca jocoso, son los argumentos que esgrime, para mantener en zozobra a sus vecinos.

Desafortunadamente Carolina Mejía no ha impuesto su autoridad, de aplicar los reglamentos de la ley 176-07, y deja que sea la fiscalía que los aplique a su interpretación. Los residentes ven con impotencia como fracasan los intentos de dialogo, mientras se deterioran los servicios y su paz, se gastan miles de pesos en abogados en un proceso que será muy largo. El fiscal Gerinaldo Contreras parece ser el único que ha escuchado nuestro clamor, y por dictar orden de captura es víctima de una campaña de descrédito a nivel nacional.

Nuestro caso es suigéneris y muchos opinan que no se debe esperar a que ocurra una desgracia. La Justicia y los Ayuntamientos deben abocarse a una revisión de sus roles dentro de las Juntas de Vecinos. ¡Los vecinos solo queremos paz!