El derecho a la protesta se consagra en el artículo 49 de la Constitución de la República al establecer que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”. La Plaza de la Bandera se ha convertido en un respiradero social, escenario donde se escenifican concentraciones ciudadanas para expresar su objeción o desaliento ante acciones o inaniciones del Gobierno o del Estado, por cuanto ese lugar es un espacio idóneo para ejercer la democracia y las libertades públicas.

Es por eso que deja un sabor amargo la actuación ambivalente del Ministerio de Interior y Policía ante la solicitud del grupo “Antigua Orden Dominicana”, de realizar una vigilia en esa plaza contra la inmigración ilegal, aprobada por las autoridades, pero desmantelada la caseta que acogería a los convocantes.

En un mensaje a través de la red social X, la ministra Faride Raful dijo que al encontrarse fuera del país se enteró que agentes de la Policía derribaban la caseta levantada en la Plaza de la Bandera, lo que atribuyó a que no contaba con el permiso correspondiente del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

La alcaldesa Carolina Mejia negó que los organizadores de esa vigilia o plantón, requirieran de algún permiso del cabildo para erigir caseta, porque la custodia de esa plazoleta corresponde al Ministerio de Defensa, por lo que la ministra Fadul tuvo que rectificar su versión.

Sin que se sepa quien ordenó el derribo de la caseta, también se limitó la vigilia a solo dos horas, bajo el pretexto de que ese es el tiempo dispensado por Interior y Policía para este tipo de manifestaciones, aunque en el mismo comunicado de ese ministerio se señala que no hay limites para permanecer en la Plaza de la Bandera.

No sería ocioso recordar a la ministra Raful que ella misma pudo ejercer su derecho a la protesta en esa Plaza de la Bandera, donde se instaló una moderna carpa en la que durante muchos días desfilaron artistas y oradores, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que hoy inexplicablemente se limitan.

La Constitución de la República, hoy en capilla ardiente, en la Asamblea Revisora, no debería ser violada ni restringida bajo ningún subterfugio legal o político o interpretada caprichosament, como ha sido el caso que motiva este editorial.