El Nacional
El 41 por ciento de las cancelaciones dispuestas por empleadores en perjuicio de los trabajadores, son ilegales e injustificadas, establece un estudio realizado por expertos en derecho laboral y dado a conocer por el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes.

El dato fue ofrecido durante un panel realizado en ocasión de conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, en el que participaron centenares de trabajadores, así como varios expertos en derecho laboral, quienes hicieron un análisis de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores.

Se destaca que en los Centros de Asistencia Legal a los Trabajadores (CDL), ubicados en Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Santiago, reciben un promedio de 10 casos diario de denuncias sobre violaciones al Código Laboral por parte de empleadores.

Detalla el informe, que durante el primer trimestre de este año el 41 por ciento de las cancelaciones que se reportaron se estableció que son injustificadas e ilegales, estadísticas extraídas de un total de 913 casos atendidos.

Se indicó, además, que el 51.4 por ciento de los casos denunciados provienen del sector construcción, agricultura y de la industria azucarera.

Añade, que el 82 % de las violaciones fueron contra hombres, mientras que el restante 18% contra mujeres.

Esta gran diferencia en el número de registros de hechos violatorios de los derechos laborales entre hombres y mujeres, es atribuida a que la mayoría de los casos denunciados provienen del sector construcción, agricultura e industria azucarera (51.4%) en los que la mano de obra predominante es masculina, se enfatiza el referido informe.

Detalla que se recibieron 195 denuncias de violaciones laborales , del sector agrícola, 179 de la industria de la construcción, 153 casos de empresas de zonas francas, 95 de la industria azucarera, 74 del comercio organizado, 63 de comunicación, 63.53 de educación privada, 23 del Gobierno y 63 del sector servicios.

Asimismo, que en unos 50 casos no se especificó el lugar de trabajo, para un total de 913 casos.

Refiere que en términos concretos, esas violaciones contemplan: terminación del contrato laboral con responsabilidad patronal- despidos injustificados, indirectos o encubiertos (12.2 &).

Asimismo, actos ilegales o arbitrarios en materia de seguridad y previsión social, 15.9% e incumplimiento de cláusulas contratos individuales 12.8%, los que representan el 41% de los derechos violatorios conocidos.

Con relación a proceso judicial seguido por braceros al Ingenio Cristóbal Colón, se denunció que en muchos casos a los trabajadores se les realizaron descuentos a sus salarios por concepto de cuotas para la seguridad social, y otros servicios que no reciben.

En otros casos, más graves aún, se destaca en el informe, que los trabajadores migrantes fueron repatriados después de realizada la labor sin recibir la debida remuneración.

La entidad califica este proceso como un referente positivo, ya que demuestra que en el país las posibilidades de acceso a la justifica y de respecto a las garantías judiciales son irreales para los trabajadores migrantes.

Además se precisó que la sentencia rendida por el Juzgado Laboral de San Pedro de Macorís constituye un instrumento para la protección de los derechos laborales de los demandantes, y que también es útil como herramienta, orientando su aplicación a concienciar a otros, estimulándolos a tomar la iniciativa a demandar el reconocimiento y respeto de sus derechos laborales sin importar su condición social o migratoria.

Según la entidad, estos hechos ponen en evidencia la necesidad de seguir promoviendo la protección de los derechos de los trabajadores y no aceptar la propuesta hecha por el sector empresarial de modificar el Código de Trabajo.