Brasilia, (EFE).- La Justicia brasileña revocó este viernes la prisión temporal para los cinco consejeros del Tribunal de Cuentas del estado de Río de Janeiro que fueron detenidos en marzo pasado por supuesta corrupción, aunque los apartó del cargo por un mínimo de 180 días.

La decisión fue tomada por el magistrado Félix Fischer, del Tribunal Superior de Justicia, al “no haber pedido por parte de los investigadores de nuevas diligencias que pudiesen justificar el mantenimiento de las prisiones temporales” de los consejeros.

No obstante, el juez determinó la suspensión por 180 días de sus cargos, una medida extensible también para un sexto consejero, Jonas Lopes, que fue el delator de la trama investigada.

Lopes fue llevado a declarar a finales del pasado año por su presunta implicación en un escándalo de corrupción que salpica la construcción del estadio Maracaná.

A raíz de su testimonio, la Policía Federal llevó a cabo el 29 de marzo la operación bautizada “O Quinto do Ouro”, en la que se reveló la supuesta participación de al menos cinco de los siete miembros del Tribunal de Cuentas, el órgano que se encarga de fiscalizar el gasto público y velar por su transparencia, en una trama corrupta.

De acuerdo con la investigación, algunos miembros del Tribunal, incluido su presidente Aloysio Neves, habrían recibido dinero de forma irregular para “favorecer el análisis de cuentas y contratos» de empresas que estaban bajo su supervisión.

Los sobornos alcanzaban, según la Policía, hasta el 20 % del valor de los contratos en el marco de una trama que operó durante décadas. La operación destapó los nexos para defraudar entre las principales instituciones del Gobierno del estado de Río, ya que los consejeros del Tribunal son elegidos por los gobernadores y sus informes pasan por la Asamblea Legislativa regional.

En este sentido, el plazo de suspensión de sus cargos “puede ser prorrogado en caso de que la medida sea justificada y demostrada como imprescindible».

Los investigados deberán “entregar sus pasaportes” y “no podrán salir de Río de Janeiro sin previa autorización judicial”, además de tener “prohibido” el acceso al Tribunal de Cuentas de Río, “mantener contactos con sus funcionarios” y “utilizar los servicios prestados por el órgano».