SCJ es electa por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que encabeza el presidente Luis Abinader.
El presidente Luis Abinader se encuentra ante un momento crucial para la institucionalidad de la justicia dominicana: romper con un ciclo de 15 años de subordinación política en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El jefe de Estado, quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tiene una posición de ventaja para poder transformar el sistema judicial o repetir los patrones de sus antecesores.
El pasado sábado marcó el fin del período constitucional de siete años para el presidente de la alta corte, Luis Henry Molina, y otros 10 jueces del tribunal, quedando abierta la posibilidad de una renovación sin vínculos partidarios como forma de garantizar una verdadera separación de poderes.
Además de Molina cesan en sus funciones: Fran Soto, Manuel Herrera Carbucia, Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico.
La historia reciente de la SCJ ha estado marcada por el «amiguismo» político; basta recordar que, en 2011, bajo la gestión del entonces presidente Leonel Fernández, se impuso la figura de Mariano Germán Mejía como presidente y a otros como miembros.
La estrecha relación de amistad y cercanía profesional entre Fernández y Germán fue vista como un sello de control del Poder Ejecutivo sobre el judicial, acción que, para muchos, desvirtuó la autonomía del tercer poder del Estado.
Dicho esquema de lealtad se replicó en 2019, cuando Danilo Medina, presidente (2012-2020) maniobró para la designación de Luis Henry Molina.
Este no solo era una figura de confianza del mandatario, sino que se desempeñaba como viceministro de la Presidencia.
Sin duda, esas designaciones han dejado una sombra de duda sobre todo en la sociedad civil, que ha planteado que se produjeron decisiones que deja “entredicho” su objetividad.
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A pesar de que el discurso oficial suele estar cargado de promesas sobre la «independencia de la justicia», la realidad operativa sugiere lo contrario. Históricamente, a la hora de las grandes decisiones de la justicia, el criterio que ha prevalecido es el presidencial.
SCJ
La escogencia de 11 de los 17 miembros que componen la SCJ genera expectativas sobre las decisiones que tomaría el Consejo de la Magistratura, compuesto por ocho votos, donde, en caso de empate, el presidente tendría un voto calificado.
El CNM es el llamado constitucionalmente no solo a elegir a los nuevos integrantes de las altas cortes, sino a establecer un protocolo de selección que priorice el mérito y la carrera judicial por encima de las cuotas partidarias o las simpatías personales.
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Hasta la fecha, no existe una convocatoria oficial ni se ha previsto el calendario de reuniones para iniciar este proceso de evaluación.
Dentro de la memoria colectiva del sistema judicial dominicano, el referente más sólido de independencia sigue siendo la gestión de Jorge Subero Isa, hoy consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cuando fue designado en 1997 tras la crisis política de mediados de los 90.
En la comunidad jurídica y gran parte de la sociedad, su presidencia es recordada por haber dotado a la SCJ de una dignidad y autonomía que muchos consideran se ha perdido tras la reforma constitucional de 2010.
La elección de un perfil que no esté vinculado al Palacio Nacional sería el mensaje más contundente de su compromiso con la justicia independiente.
En las próximas semanas, República Dominicana sabrá si la SCJ seguirá siendo un brazo del poder político dominicano o si finalmente comenzará a transitar el camino hacia una justicia que no le deba favores a los partidos del sistema político.
Balaguer
Néstor Contín Aybar presidió la SCJ durante un extenso período que abarcó desde 1986 hasta julio de 1997. Su accionar coincidió con una etapa de profunda influencia política sobre el Poder Judicial, convirtiéndose en un “sello gomígrafo” de los gobiernos de Joaquín Balaguer.
A pesar de su longevidad en el cargo, su desempeño dejó dudas razonables respecto a la eficiencia y transparencia de las funciones judiciales de aquel entonces.
Las críticas principales se centraban en la supuesta subordinación de las decisiones judiciales a los intereses del Poder Ejecutivo y en la lentitud de los procesos.
Esa percepción de estancamiento y falta de autonomía fue, de hecho, uno de los motores principales que impulsaron la reforma constitucional de 1994, la cual buscaba precisamente despolitizar la elección de los jueces.
El fin de su era llegó en 1997, cuando fue sucedido por Jorge Subero Isa tras la conformación del primer Consejo Nacional de la Magistratura moderno. La salida de Contín Aybar simbolizó el fin de la «vieja justicia» dominicana.
