La pista en el sector energético, que de por sí estaba bastante caliente con la tediosa tanda de apagones, se ha puesto que arde con las supuestas irregularidades detectadas por una auditoría de la Cámara de Cuentas en las controversiales distribuidoras de electricidad.

Podrá extrañar que tras una querella interpuesta el 15 de junio de 2021 contra exfuncionarios de las distribuidoras, de la antigua Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y contratistas sea ahora cuando la auditoría haya salido a relucir.

Según el estudio, que abarcó desde 2013 hasta 2020, durante ese período en las distribuidoras se pagaron a contratistas más de 21 mil 100 millones de pesos sin soporte ni evidencia.

Señala que por la falta de documentación no se pudo validar el 14 % del total registrado en la cuenta de construcción en proceso.

En torno a la conflictiva Punta Catalina la auditoría subraya que el costo final fue muy superior al presupuestado al ascender a 3 mil 276 millones de dólares, mientras el precio base era de 1,945 millones.

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Entre otras supuestas irregularidades, también se señalan pagos no registrados por más de 10 millones de pesos.

Pero por más alarmantes que sean las irregularidades, por las que el Estado reclama una indemnización de 50 mil millones de pesos, el caso lo decidirán los tribunales.

El Ministerio Público, que ya ha adelantado algunos pasos, tendrá que probar que se estafó al Estado a través de operaciones fraudulentas en que intervinieron contratistas y funcionarios.