Sin tener que caer en retórica protesta de que hay que blindar pobres, ni tampoco en la simplista excusa de repartir tierra dizque por reducir la pobreza rural o, incluso, emitir títulos de propiedad para accesar a fuentes de crédito exigentes, la verdad es que los pobres de los campos constituyen el factor principal para alimentar la pobreza urbana.

Por lo menos no ha valido la vía asistencial, la vía agrícola ni siquiera el empleo rural, lo único realista es la migración y la pluriactividad no agrícola (motoconcho, zona franca o alguna artesanía (dulces, lácteos, etc.).

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Desde esta perspectiva, el compromiso de combatir la migración, además de lo político, estimula la racionalidad de la inversión social adecuada a los intereses de trabajadores y patronos para beneficio de ambos.

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Las experiencias recogidas en los emprendimientos nos dicen que la distribución de tierra no ha podido cumplir un rol mayor para retener la gente en el campo. La creencia de que una parcela retenía la familia rural en su entorno lo que ha evidenciado es que no es totalmente así.

Y que no me vengan con la excusa de la falta de voluntad política, de capacidad gerencial y la misma disponibilidad financiera, la gran mayoría sigue el camino migratorio: la yola, la visa falsa o machete, o el hacinamiento en los cordones de la miseria de las principales ciudades de la República.

Todo en materia de políticas se ha ideado en República Dominicana, y en América Latina, para tratar de reducir la migración. Ahora, ¿quién emigra?: la peonada asalariada y aquellos precaristas productores atraídos por el clientelismo político urbano, la oportunidad de encontrarse con la gloria del narcotráfico, la corrupción, la prostitución, el empleo a veces peor remunerado de la zona franca, al empleo doméstico y desde luego los servicios de las ciudades.

Es cierto por más esfuerzos dirigido hacia las áreas rurales: proliferación de ONGs, infraestructura, préstamos blandos, en fin, intervención privada y estatal, no hay forma de retener el peón rural.

Los salarios han mejorado (300 y 350 por día, a veces incluye el almuerzo, y las tareas más especializadas mejor pagadas); se electrifican los campos, llega el agua potable, incluso la descentralización municipal estaba dirigida a disminuir la pobreza y sin embargo, tenemos más corrupción, menor control de los recursos, menos responsabilidad pública y menor rendición de cuentas.

Los productores han asumido el control de las aguas públicas, ha cesado la transitoriedad de las ayudas sociales y ya son fijas: solidaridad, seguridad social, farmacias de Promese, clínicas rurales, Comer es Primero, incentivo a la escuela, Bonogas Hogar, Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos, Acciones Cívicas de las Fuerzas Armadas, Programas de Frontera, Despacho de la Primera Dama, mejores escuelas; Rotulación de Tierras gratis, Acueductos Rurales, Semillas, Fertilizantes; el sector privado y las iglesias también mantienen programas de ayuda, infinidad de esfuerzos, y sin embargo sigue el flujo migratorio.

La mono de obra haitiana sigue ocupando el espacio que dejan los dominicanos pobres e indigentes, que entienden que los empleos agropecuarios no son dignos de un padre de familia merecedor de recibir una remuneración igual a la del patrón que lo contrata.

Si el haitiano y el dominicano corren con las mismas tareas: analfabetismo, habilidad para el hacha y el machete; falta de salud, vivienda, recreación, ¿por qué tiene que ser el destino del dominicano hacinarse en la periferia de las ciudades o morir ahogado? ¿Qué tendremos que diseñar para cambiar esta mentalidad? De entrada hay que admitir que todo plan debe hacerse en el marco de la legalidad democrática.

Por el lado fiscal ya se sabe que el Gobierno no tiene interés en el sector agropecuario, pues las exenciones fiscales alcanzan:

Exención del pago de anticipos de Impuesto sobre la Renta.

Exención del pago de sobre activos.

Exención del pago de Retención del Impuesto sobre la Renta.

Exención de Impuestos Arancelarios, el Itebis y otros derechos y cargos a las importaciones de maquinarias y equipos; a la depreciación acelerada para la adquisición de equipos.

Reembolso del Impuesto Selectivo al Consumo de Gasoil establecido en la ley 495-06 (Ad-valorem) pagados por las empresas del sector agropecuario.

Si los grandes empresarios y productores agropecuarios gozan de estas facilidades, pienso que es posible garantizar un amplio proceso de sindicalización rural que permita contratar al peón agrícola nacional con las condiciones salariales de buenas practicas agrícolas, pecuarias, sanitarias (ropas, baños, chequeos médicos, viviendas); infraestructura vial y comunicacional; bonificaciones y toda la gama de protección al trabajador que le ofrece la sindicalización. Asimismo, al pequeño agricultor organizado en cooperativas de productores.

Bajo este esquema de inversión social, que podríamos calificar de Capital Social, serían las oportunidades para incrementar el empleo rural, que funciones la labor por contrato; que se explore la posibilidad de que la agroempresa difunda esta iniciativa pero con la validez jurídica necesaria para que el peón asalariado se considere un protegido del sistema contractual.

No quedan muchas opciones para inmovilizar la migración del campo para que deje de alimentar una pobreza urbana que ya supera la rural.