Los economistas y otros profesionales han expuesto con lujo de detalles el impacto en los precios y en las actividades productivas de la invasión de Rusia a Ucrania y de los efectos de la pandemia sanitaria. Todos coinciden en que la coyuntura es aterradora, pero difieren en las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar que los daños sean mayores para la nación.

Por ahora el Gobierno no se ha limitado a un único aspecto para enfrentar la inflación, que es la expresión más grave de la crisis internacional. Se han adoptado medidas relacionadas con la demanda, como es el caso del incremento de la tasa de política monetaria. Pero también con la oferta, entre las que se destaca el compromiso de mantener sin variación los precios internos de los derivados del petróleo, siempre y cuando el precio del West Texas se mantenga entre 85 y 115 dólares el barril.

La decisión, que implica una reducción de los derivados cuando el crudo desciende de los 85 dólares, y una transferencia al consumidor cuando excede de los 115, tiene un elevado costo para el Gobierno. Pero especialistas y funcionarios consideran que la parte positiva está en que la intervención evita un aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, así como también la posibilidad de crear nuevos impuestos.

Desde los predios oficiales se ha destacado que la política de subsidio tiene su lado positivo. Evita pérdidas del PIB e incremento de los principales productos de la canasta familiar, el transporte de pasajeros y otros renglones. Y un factor que no puede soslayarse tiene que ver con la estabilidad social. La medida, que ha sido solo por un período de cuatro meses, tiene también sus elementos inquietantes.

Los subsidios son una respuesta transitoria ante una crisis como la planteada por los factores externos. Solo podrán morigerar el efecto que tiene el incremento de los combustibles sobre las empresas que operan con derivados del petróleo y el poder adquisitivo de las familias. El Gobierno ni la economía están en condiciones de absorber las alzas sin colocar el país en los umbrales de otra crisis de impredecibles consecuencias sociales y económicas.

Habida cuenta de que la reducción de los precios del petróleo está sujeta a factores externos y no internos, el Gobierno está abocado a contemplar desde ya la revisión de los subsidios a los carburantes.

Pero cualquier decisión no debe adoptarse en forma unilateral, sino que, por todos los elementos que intervienen, debe ser el resultado del consenso con los agentes que intervienen en el negocio de los combustibles. El ambiente no está despejado, pero hay que evitar que se complique más con subsidios que generan mucha inquietud en el mercado

Por: Luis Manuel Báez

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