La Suprema Corte de Justicia (SCJ) tendrá la última palabra con respecto a la extinción penal del caso Bahía de las Aguilas declarada el martes por la presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. La Fiscalía del Distrito tiene un plazo de 10 días a partir del martes 4, para recurrir en casación por ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de la jueza Gisselle Méndez.

La extinción penal por el vencimiento del plazo ocurrió por la inercia del Ministerio Público que dejó vencer el tiempo otorgado por la ley para la adecuación y reformulación de la acusación, dijo este miércoles el doctor Francisco Taveras, abogado del exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Jaime Rodríguez Guzmán.

El Código Procesal Penal establece un plazo máximo de tres años para que los casos sean ventilados en los tribunales.

La duración máxima de todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación, según el artículo 148 del Código Procesal Penal.

Este plazo sólo se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, para permitir la tramitación de los recursos.

La fuga o rebeldía del imputado interrumpe el plazo de duración del proceso, el cual se reinicia cuando este comparezca o sea arrestado.

Vencido el plazo, los jueces, de oficio o a petición de parte, declararán extinguida la acción penal, de acuerdo al articulo 149 del Código Procesal Penal.

El abogado de Rodríguez Guzmán dijo que la calificación de vergonzante que le da el procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, a la decisión, no tiene otra explicación de su propia vergüenza como Ministerio Público. Por inercia del Ministerio Público se ha extinguido la acción penal, sostuvo.

Dijo que en el caso de un recurso del Ministerio Público la SCJ debe confirmar la decisión por el vencimiento del plazo de los tres años, a diferencia de lo ocurrido de la sentencia anterior que fue por la prescripción.

UN APUNTE

Transcurrió el plazo máximo

La jueza Gisselle Méndez ordenó además el archivo definitivo de las actuaciones levantadas en ocasión de este proceso y el cese de cualquier medida de coerción que haya sido impuesta a los imputados.

Transcurrido el plazo máximo de duración del proceso sin que haya intervenido sentencia definitiva e irrevocable.