El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) estimó este jueves que las declaraciones de la presidenta de la Confederación Patronal, que indicó los beneficios sociales restan competitividad al sector empresarial, no se corresponde con la realidad y son una muestra de insensibilidad social.

El sindicalista Rafael Abreu (Pepe), lamentó las declaraciones de la licenciada Marisol Vicens y dijo que la misma representa los intereses de un grupo de empresarios que quieren eliminar varias conquistas sociales de los trabajadores dominicanos, entre ellos el derecho a la cesantía.

Es lamentable esta posición, sobre todo porque es una empresaria joven y se supone que debería tener una mentalidad más moderna, pero no se corresponde con la realidad y el estudio que cita a nosotros nos gustaría conocerlo, ya que el que sí tenemos a manos es de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sitúa el costo de la mano de obra dominicana sólo por encima de Honduras y Nicaragua, en el área de Centroamérica, dijo Abreu, para El Nacional.

Precisó que, otro estudio, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el Banco Central de República Dominicana, estimó tan insignificante el costo de la mano de obra dominicano que no lo incluyó como un factor determinante en el costo final de la producción de bienes y servicios.

Abreu dijo que el principal costo citado por ese estudio es el financiero, pero ella prefiere no citarlo, por lo intereses que están de por medio.

Indicó que el tema salarial en el país está siendo manejado de manera antojadiza y no se quiere ir a lo principal que es que la canasta familiar del primer quintil, que es el de menor ingreso, ha sido establecida en 19 mil pesos cuando el salario promedio de más del 78 por ciento de los trabajadores dominicanos no sobrepasa los 12 mil pesos mensuales, de acuerdo a los datos suministrados por la Tesorería de la Seguridad Social.

Abreu citó además, que la situación se torna más dramática cuando habló de un estudio realizado por los bancos, que indicó que de 1.3 millones de trabajadores del sector privado, sólo 40 mil califican para obtener un préstamo para vivienda, si se toma en consideración las exigencias de los bancos.

El sindicalilsta, dijo que en el caso del preaviso, no se puede calificar como un costo, debido a que el terabajador es obligado a trabajarlo, y en cuanto a la cesantía, es una compensación a los trabajadores.

Acusó a la licenciada Vicens de ser vocero de un sector empresarial que aspira a la eliminación de la censatía como una reivindicación de los trabajadores dominicanos.

Lo cierto es que ese sector no se da cuenta de que con esa política de salarios de hambre, afila cuchillo para su propia garganta, porque reduce la capacidad de consumo de los trabajadores y limita la posibilidad de ampliación del mercado interno, más aún cuando muchos productores locales carecen de calidad para competir en los mercados internacionales y dependen del mercado local, dijo.

La licenciada vicens había indicado a principios de esta semana que la carga laboral, en referncia a los salarios y otros beneficios sociales, de los trabajadores dominicanos era la más altas de toda Centroamérica.

Precisó que esa situación, debido a su impacto en el costo de la producción de bienes y servicios, le resta competitividad a los empresarios dominicanos en la competencia que por los mercados libran con sus similares de los países de Centroamericanos y el Caribe.