Desde 1982, cuando un grupo de jóvenes neoliberales constituyeron el equipo del doctor Salvador Jorge Blanco, con la asesoría y financiamiento de agencias norteamericanas, el contenido del programa neoliberal comenzó a tomar cuerpo y auto proponerse como opción frente al “gigantismo estatal” dominicano, la propaganda contra la ineficiencia y por “la modernidad” fue apabullante, con el apoyo de empresarios que ignoraban que estaban afilando cuchillo contra sus propias gargantas.
Durante los diez años del doctor Balaguer (1986-1996) la publicidad neoliberal fue tan efectiva que se hizo sentido común que el Estado debía achicarse, disminuir la inversión social, vender el patrimonio social del pueblo (24 empresas), y suspender el subsidio a todo lo que se subvencionaba, como el pan, las medicinas y la luz eléctrica. Antiguos ex izquierdistas hicieron causa común con ese planteamiento que modificaba la relación Estado-Sociedad Civil radicalmente a favor de la clase dominante, lo que demostraba que la inconsistencia política de algunas es tan grotesca.
Como es bien sabido en 1996, el doctor Fernández llegó al poder y tan pronto tomó posesión abandono su “marxismo” y asumió el programa neoliberal del Consenso de Washington que le compelía a mantener el equilibrio macroeconómico, privatizar el patrimonio estatal, y en general crear las condiciones para la penetración y ampliación de los capitales y las mercancías norteamericana al mercado nacional y eso hizo; lo ejecutó a la perfección como demandaba del capital trasnacional y la camarilla neoliberal, así se pasó al desmonte del aparato productivo manufacturero y agropecuario, fomentar las importaciones, sobre todo a través del PL 480 con lo que asestó un duro golpe al sector agropecuario y con ello a toda la economía nacional y a empobrecer de más en más a los pobres que constituyen la gran mayoría de la población nacional.
Confesión
Según WikiLeaks, Fernández confesó al embajador norteamericano en el país que no podía luchar contra la corrupción porque podía ser derrocado por los militares. Eso contradice cualquier afirmación de lucha contra ese flagelo practicado por la alta burocracia civil y militar.
Todas y cada una de las iniciativas legales contra la corrupción que el PLD ha introducido y aprobado en el Congreso no son más que copias de leyes, sugeridas por el propio imperio pentagonista para salvaguarda de sus intereses y crear las condiciones para que las importaciones de mercancías y servicios desde Estados Unidos se afianzaran y crecieran.
Todas iguales
Toda la legislación Nacional contra la corrupción es semejante a las impuesta a otros países en toda América Latina porque están concebidas para bloquear y aplastar las posibilidades comerciales nacionales frente a ellos.
No podía ser de otra manera dada su larga experiencia en políticas bilaterales, su alto nivel tecnológico, sus bajos costes relativos en la producción en masa y alta capacidad gerencial, que combinados con su poder diplomático y presión militar le permiten controlar y hegemonizar las competencias en su área de influencias político-culturales e ideológica.
Frente a esa realidad República Dominicana sigue mostrando incapacidad del empresariado, incapaces de correr riesgos, claman por protección estatal y demandan políticas oficiales acomodaticias, todo lo cual se articula para explicar el déficit comercial histórico del país frente a Estados Unidos, que cada año se agrava.
No confrontación
La verdad honda y moronda de las iniciativas del PLD, como partido pro-imperialista y anti nacional es no chocar con el imperio para poder seguir gobernando de rodillas a él y así obtener los beneficios personales y grupales que ello comporta lo que da cuentas de su genuflexión en políticas internacionales. Es Estados Unidos el que ha estado promocionando leyes anti corrupción para que sus empresarios puedan competir en Latinoamérica, esas propuestas jurídicas ni siquiera se han discutido en el llamado Congreso dominicano, limitándose a levantar la mano y decir corroboro, corroboro.
Finalizada la Guerra Fría lo que interesa a Estados Unidos es la transparencia controlada para que sus empresas participen y ganen en un marco legal creado a través del Consenso de Washington y que los dirigentes pele deístas pretenden atribuirle a su partido, que ciertamente las introdujo y las aprobó, pero para contar con el apoyo estratégico norteamericano y no porque estuviera interesado en lucha alguna contra la corrupción, como ha quedado demostrado por la propensión del PLD a controlar las Altas Cortés, la Junta Central Electoral, el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, las ONGs, los sindicatos, los gremios, cooptar intelectuales y sobornar cientos de periodistas, secundar toda forma de corrupción y el apoyo irrestricto de la cúpula morada a la impunidad para auto protegerse de acciones jurídicas independientes.
El autor es historiador.
