Los transportistas de pasajeros ven innecesario los aumentos a los precios de los combustibles decretados por la Secretaría de Industria y Comercio.

En tanto que el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita sostuvo que los aumentos en los carburantes no se ajustan a la realidad, porque Industria y Comercio lo aplica con un reglamento de la Ley de Hidrocarburos totalmente viciado y divorciado de la realidad el cual genera un fondo que nadie fiscaliza, ascendente a los 600 millones de pesos anuales.

Ramón Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), consideró que el Gobierno debió absorber las alzas de las gasolinas como lo hizo con el gasoil y el gas licuado.

Industria y Comercio dispuso aumento a la gGasolina premium de $3.10, para venderse a $160.20, y de $3,30 a la regular, para cotizarse a $149.80. El gasoil. regular seguirá a $116.80 y el GLP a $62.54.

Arsenio Quevedo, de la Unión Nacional de Transportistas y Afines ve factible que el Gobierno congele los precios de los combustibles por tres meses para aliviar los costos de los transportistas.

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No hay intenciones de modificar ese reglamento

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Si no se quiere aplicar la congelación de los derivados de petróleo, entonces que se otorgue una compensación a los transportistas para que siga la estabilidad en las tarifas de carga y el pasaje, anotó.

Espaillat Nanita, ex presidente de la Refinería de Petróleo, expuso que el país no compra combustibles semanal, sino trimestral o semestral, y por eso los precios de los carburantes deben fijarse cada tres o seis meses.

Pero no hay interés de modificar el reglamento porque a través de un impuesto inconstitucional como el Gasto de Administración de la Ley (GAL), porque genera un fondo de 600 millones, los cuales no lo fiscaliza nadie y están a discreción del secretario de Industria y Comercio, apuntó.

Pérez Figuereo afirmó que el Gobierno con los reajustes en los combustibles golpea a la población menos pudiente.

Espaillat Nanita expuso que el reglamento de la Ley 112-00 de Hidrocarburos plantea que los precios internos de los carburantes son indexados con las cotizaciones bursátiles del petróleo de Texas, aunque el país no importa combustibles de Estados Unidos, sino de Venezuela, que tiene 10 dólares menos por barril.

Manifestó que el Reglamento de la Ley 112-00 fue expedido por decreto del Gobierno del presidente Hipólito Mejía.

Estimó que el reglamento debe modificarse para fijar los precios en función de las facturas certificadas de donde el país esté importando petróleo, y debe modificarse el precio interno en función del período de compra.