El lunes la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó escuchar el caso Argentina vs NML poniendo prácticamente punto final a la disputa legal entre ese país y los tenedores de su deuda soberana impaga desde el 2001. La decisión tendrá un impacto importante sobre la Argentina que ahora queda obligada a pagar aproximadamente unos $15 mil millones de dólares a los tenedores que se rehusaron a participar de la reestructuración de su deuda soberana en el 2005 y el 2010, siendo una primera partida pagadera para el próximo 30 de junio para la cual muchos esperan que esta no pueda cumplir. Pero el alcance de este fallo no está limitado solo a la Argentina, sino que pudiera incidir en todo el mercado de deuda soberana de países emergentes en el cual se encuentra la República Dominicana, y en particular sobre cualquier expectativa de reestructuración que pudiera surgir en el futuro.
La disputa se centra sobre la cláusula pari-passu de trato igualitario entre todos los tenedores de bonos que se encuentra dentro las obligaciones de Argentina en la deuda que no pudo pagar en el 2001. Si bien ese país pudo negociar el 92% de esa deuda a un descuento en las reestructuraciones del 2005 y 2010, el restante siguió reclamando la totalidad de lo adeudado por la vía legal. Argentina hasta la fecha ha cumplido con el pago fiel de toda la deuda reestructurada, sin embargo se ha rehusado pagarle a los que se mantuvieron al margen (los “holdouts”) a quienes tilda de buitres.
Los términos de las cláusulas pari-passu suelen establecer que los pagos se harán sin discriminar entre los acreedores del mismo rango en el momento de la ejecución, debiéndose pagar la fracción de capital e intereses de forma equitativa para todos los tenedores. Más aún, la cesación de pagos en una deuda y su reestructuración posterior no extinguen las obligaciones para aquellos tenedores que optaron no participar de dicho proceso, quienes mantienen un reclamo válido por la deuda original.
La relevancia de la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos es que las reestructuraciones exitosas de deudas soberanas suelen depender de que una cantidad significativa de los tenedores de las mismas participen en esos procesos. En la medida de que los tenedores teman sobre la capacidad de recuperar parte de su inversión en un plazo razonable, estos estarían dispuestos a negociar los importantes descuentos que implica una reestructuración. El mensaje que deja el fallo es que no negociar en lo absoluto puede pagar con un recobro total de la deuda, por tanto esto podría encarecer el proceso de reestructuración a los países que no estén en capacidad de pagar su deuda ya que el temor de los inversionistas empezará a ser menor. Más aún el fallo en una segunda demanda, Exchange Bondholder Group vs NML, la Corte reconoce el derecho de los holdouts a investigar sobre los activos en el exterior del país, para fortalecer su capacidad de cobro.
Ahora que el FMI recomienda a la República Dominicana reducir su deuda de un 48% del PIB a un 35% para mantener las finanzas estatales saludables, lo que está sucediendo con Argentina debe servirnos como un llamado a la reflexión. Lo ideal es que como país podamos seguir creciendo y hacer un manejo responsable de la deuda de forma tal que siempre estemos en condiciones de pagarla, aún en caso de choques internos o externos a la economía. Lo ocurrido esta semana con Argentina nos avisa que un error en esto pudiera al final terminar saliéndonos muy caro.