POR: Hugo A. Ysalguez

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Actualmente, se debate en el Senado de los Estados Unidos un proyecto, previamente aprobado por la Cámara de Representantes, para regularizar la estancia en territorio norteamericano de más once millones de indocumentados. En el hemiciclo, se debaten las reglas para aprobar la ley. Se discuten una serie de requisitos, muy rigurosos, para conceder la residencia a los ilegales. Los que aspiren a legalizar su estatus no pueden tener antecedentes, pagar multas e impuestos atrasados, aprender inglés y civismo, y sean capaces de mantener a su familia sin necesidad de subvenciones públicas. Ninguna voz en el plano internacional ni local, se ha levantado para protestar por las fuertes restricciones que trata de imponer el gobierno norteamericano para que un inmigrante ilegal pueda normalizar su situación. El presidente, Barak Obama, hace esfuerzos de buscar vías para reducir los trámites.

Obama, quien ha deportado durante su mandato, a más de dos millones de indocumentados, según estadística oficiales suministradas por el Departamento de Estado, reconoció que el otorgamiento de la ciudadanía a un ilegal es un proceso largo y tedioso, enfatizando que las normas hay que respetarlas. Hacen unos años, el presidente Leonel Fernández, dijo que la República Dominicana “está en el patio trasero de Los Estados Unidos”. Y cuando aquí se analiza cualquier situación, el referente por excelencia lo constituye esa nación. Queremos ver algún alboroto o censura contra la política que aplica ese país en materia migratoria.

Uno de los puntos de una lista de seis, elaborada por el Senado para favorecer a los indocumentados es que nadie en Estados Unidos está exento de cumplir la ley, y que, por ese motivo, no habrá un camino especial a la ciudadanía para esas personas que violaron las normas de inmigración. El presidente, licencia Danilo Media, en un discurso valiente pronunciado en la Habana, Cuba, que lo coloca en un sitial importante en la historia.