La Fundación Justicia y Desarrollo Local (Fujudel), consideró que el intento de división de la provincia Santo Domingo sólo incrementaría la burocracia y el Presupuesto General de la Nación. En una declaración escrita señalaron que el proceso de dividir no es el camino ideal, ni lo más conveniente para el desarrollo del país.

Pablo Vicente presidente de Fujudel declaró que en vez de dividir lo recomendable, es fortalecer las instituciones del Estado.
Opinó que el fraccionamiento del territorio en más provincias lo que hace es contribuir a complejizar el sistema, cuando lo que tiene que plantearse es el fortalecimiento de la gestión municipal.

“Lo que planteamos es la necesidad de fortalecer las diez regiones del país, ya que ello contribuiría a una mejor organización territorial. «Eso puede aumentar la burocracia, talvez alguien está interesado en ser senador o gobernador y desde luego puede estar impulsando eso, pero no tiene ningún sentido en abocar el país a esa situación”, enfatizó Vicente. Destacó que habría primero que aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial, y entonces pensar cómo debe quedar parcialmente dividida o administrativamente dividido el Estado dominicano», analizó.

El presidente de Fujudel se cuestionó sobre los estudios de lugar que puedan justificar dicha división, “no cabe duda que de lo que se trata es de ver la posibilidad de más puestos políticos con nuevas personas figurando en lo que es el pastel del Estado en donde cada cacique tendría su pedacito”, destacó pablo Vicente. La diputada perredeísta María Aracelis Duarte, reintrodujo un proyecto de ley que busca dividir nuevamente la provincia Santo Domingo, creando dos nuevas: Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.
Uno de los argumentos de la legisladora es que Santo Domingo tiene más de 2 millones de habitantes lo que facilitaría esa división.

UN APUNTE

Rechazo

Legisladores de todas las bancadas han expresado su rechazo a la iniciativa de María Aracelis Duarte, al entender que se busca aumentar la burocracia estatal y favorecer intereses políticos y particulares por encima de la nación.