Querellantes definen como sensata y apegada al derecho la decisión de la jueza de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanesa Acosta, de enviar a juicio de fondo al diputado de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Gregorio Domínguez Domínguez (Fausto), a quien le imputan invasión de terrenos y destrucción de una propiedad privada.
Para el abogado César Amadeo Peralta, representante legal de la querellante Nelly Capellán sostuvo que la decisión sienta un precedente judicial por violación a la ley 396-19 sobre Uso de Fuerza Pública y en materia de desalojo ilegal.
“Con esa decisión el tribunal confirmó cada una de las imputaciones y la denuncia que hemos hecho sobre una mafia que opera en Punta Rucia, realizando deslindes y desalojos ilegales”, adujo Amadeo Peralta.
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El jurista espera que al momento de conocer el juicio de fondo se impongan las sanciones que establece la ley por las acciones violatorias cometidas por el legislador del PRM.
Ayer la magistrada encontró méritos suficientes para que el congresista responsa en un juicio de fondo por la querella interpuesta en su contra por violación a la propiedad privada, al demoler la propiedad de la ciudadana dominico-italiana Melly Capellán, sin una orden judicial que avalara la decisión.
En octubre del año pasado 2021, Gregorio Domínguez había solicitado a la Suprema que ordenara el archivo de la acusación del Ministerio Público y la querella que había interpuesto la señora Lucila Nelly Capellán Luna, por violación de propiedad. Sin embargo, ese pedido no prosperó.
La querella de Lucila Nelly Capellán había sido interpuesta el 11 de noviembre de 2020, en la que acusa al congresista de una presunta violación de los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública, y el número 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad Privada.