La obsesión por vender los terrenos de Los Tres Brazos haciendo creer que eran de propiedad privada para que el contrato de compraventa no fuera al Congreso para fines de aprobación, llevó a la registradora de Títulos del Distrito Nacional, Rosabel Castillo Rolffot, a ignorar un decreto del año 1976 que se encontraba en su poder mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró de utilidad pública esos predios.
El dato se encuentra en el expediente acusatorio, el cual indica que dicha funcionaria omitió la realización de gestiones básicas en sus funciones y que incluso hizo eso de manera intencional para desconocer un decreto que se encontraba debidamente inscrito en el Registro de Títulos.
Indica que, incluso, hizo caso omiso a las advertencias de técnicos de esa institución, que le explicaron que esos terrenos eran en realidad propiedad del Estado dominicano, y que se estaba cometiendo una ilegalidad.
Precisa que si Castillo Rolffot hubiera atendido las advertencias e investigado mínimamente, ella y sus cómplices habrían tenido que someter la venta a la aprobación del Congreso Nacional, lo que habría evitado el fraude.
Para los investigadores que instrumentaron el expediente, se trató de una trama orquestada entre funcionarios de Corde y dicha funcionaria, en virtud de que si hubiera habido buena intención debieron haber observado que los terrenos eran privados, ya que en 1976 las parcelas 153-A-1 y 153-A-2 del sector Los Tres Brazos habían sido declaradas de utilidad pública mediante un decreto que se encontraba debidamente inscrito en el Registro de Títulos, pero que ella se negó a aceptar.
Según los investigadores, la intención fue clara y fue con el propósito de evitar que el contrato de compraventa fuera a parar al Congreso Nacional para fines de aprobación.
Precisan que, a pesar de eso, dicha funcionaria registró la transferencia fraudulenta con la complicidad de los funcionarios de CORDE. Señalan que con ella, el ex director de CORDE, Leoncio Almánzar Objío y los ex funcionarios Irving José Cruz Crespo y Manuel Aybar Ferrando, se confabularon, junto a la imputada Juana Ynés Gómez Williams, de la empresa intermediaria Proyecciones Inmobiliarias GOWI, para vender los terrenos públicos de Los Tres Brazos.
