Dejar fuera del sistema judicial al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, y su vicepresidente, Rafael Luciano Pichardo, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reúna próximamente y escoja los integrantes de los diferentes tribunales, es la interpretación que analistas dan a la publicación en estos momentos del supuesto informe WikiLeaks en el que se hacen imputaciones a ambos funcionarios.
No parecería coincidencia que ese supuesto informe sea dado a conocer a pocos días de que el Poder Ejecutivo convoque el CNM y empiece a seleccionar los jueces de la SCJ, del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Sectores de la sociedad civil han planteado la necesidad de una remoción completa de la SCJ para incorporar a nuevas figuras del Derecho a las más elevadas instancias del Poder Judicial.
Esa aspiración ha encontrado eco en senadores y diputados oficialistas que entienden que 11 años en la SCJ son suficientes para dar paso a otras figuras.
En la oposición también se habrían producido algunas acciones para impedir que pudiera repetir en la Suprema, Tribunal Constitucional o Electoral, el doctor Luciano Pichardo.
El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, llegó a decir que a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se le insertó el límite de 75 años para ingresar, por venganza del PRD que no lo quiere en ese Tribunal.
Los legisladores oficialistas son mayoría aplastante en el Senado, pero no cuentan con las dos terceras partes de los diputados para aprobar una ley orgánica. Necesitan el apoyo del PRD.
La Federación Dominicana de Padres, por intermedio de varios juristas, encabezados por Carlos Balcácer, sometió una instancia ante la SCJ para declarar inconstitucional el acápite de la Ley del TC que establece los 75 años.
Argumenta que la Constitución condena la discriminación y por tanto no se puede impedir que una persona pueda optar por un puesto alegando que tiene más de 75 años.
El presidente Leonel Fernández habría prometido al doctor Luciano presentarlo como candidato a la presidencia del TC.
El CNM, que es el órgano que nombra los jueces la SCJ, del TC y del TSE se reunirá el mes próximo para escoger sus integrantes.
Con este supuesto informe de WikiLeaks en medio de un escándalo por acciones indebidas se estaría condicionado a que Subero y Luciano no sean tomados en cuenta.
Parecería que hay una lucha entre bufetes de abogados, un sector de la sociedad civil y partidos políticos para llegar a uno de los estamentos del Poder Judicial.
El supuesto informe WikiLeaks, acusa a Luciano de tratar de ayudar lospropietarios del desaparecido Banco Intercontinental y a Subero, falta de decisión para enfrentar la corrupción.
UN APUNTE
Disputa por cargos
La sociedad civil y los partidos han iniciado una lucha por alcanzar puestos en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tribunal Electoral (TC) y Tribunal Superior Electoral (TSE). Se ha pedido que la elección de esos magistrados se haga al margen de la militancia partidaria. Sin embargo, los partidos reclaman su derecho a que sus simpatizantes puedan ir al Poder Judicial.

