BUENOS AIRES, 02 Jul 2014 (AFP) – El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, regresó el miércoles en la tarde al país, tras realizar una gira por Cuba y Panamá, donde se enteró la semana pasada que fue procesado por un caso de corrupción cuando era ministro de Economía en 2010.

Boudou se convirtió el viernes en el primer vicepresidente de la historia argentina en ser procesado por sobornos y «negociaciones incompatibles» en una causa judicial por corrupción por la compra a través de testaferros y una empresa fantasma de una imprenta de papel moneda que contrataba el Estado.

Imágenes de la televisión captaron el momento en que el vicepresidente bajaba del avión en el aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, sin hacer declaraciones a la decena de periodistas que lo aguardaban.

Hasta ahora, el segundo del gobierno de Cristina Kirchner cuenta con el apoyo de los altos funcionarios.

El juez federal Ariel Lijo, quien acaba de procesarlo, citó a Boudou para este viernes para que amplíe su declaración indagatoria, tal como lo había solicitado el abogado defensor, según el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema.

Lijo acusa a Boudou de haberse quedado -a través de la empresa fantasma The Old Found y de un testaferro- con 70% de la empresa Ciccone, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma en 2010.

Por su condición de vicepresidente y titular del Senado, Boudou goza de fueros, que sólo perdería si renunciara o fuera destituido por juicio político, por lo que si bien puede ser juzgado no puede ser detenido.

En este sentido, los partidos opositores iniciaron el miércoles una ofensiva en el Congreso contra el vicepresidente argumentando que existe «gravedad institucional» por su procesamiento.

Los legisladores opositores pidieron una reunión para el jueves de la comisión de Juicio Político en Diputados, mientras que el Senado -cámara que preside el vicepresidente- pidió que Boudou se tome licencia hasta que se aclare este caso judicial.

Ambas iniciativas podrían ser bloqueadas por el oficialismo, que controla las dos cámaras del Congreso.