Los voceros de las bancadas de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD) pidieron al Senado excluir al Banco Central de la Ley General de Salarios que cursa en el Congreso, por ser una entidad con autonomía funcional, presupuestaria y administrativa.

Ramón Rogelio Genao, del PRSC y Ruddy González, del PRD recordaron que la Constitución dedica diez artículos a definir el rol del Banco Central y su Junta Monetaria. Esos artículos están en una sección debajo del título once sobre el régimen económico y financiero.

En declaraciones por separado, coincidieron en que el artículo 225 de la Carta Magna establece que el Banco Central es una entidad de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, lo que hace imposible que una legislación adjetiva pueda normar su régimen salarial.

Genao pidió a la Comisión de la Cámara Alta que estudia la pieza dejar fuera de la Ley General de Salarios al Banco Central vistos los impedimentos constitucionales, la naturaleza delicada de las funciones de la entidad, además de que el BC no es parte del Presupuesto General del Estado.

La nueva Ley General de Salarios sólo debe abarcar los entes públicos que reciben fondos de la Ley de Presupuesto General del Estado, pues el objetivo de la misma es establecer una escala de sueldos y salarios racional en la administración pública, concluyó Genao.

En términos similares se pronunció el vocero de los diputados del PRD, Ruddy González, quien insistió en la necesidad de que el BC quede excluido de la referida legislación que es objeto de estudio por una comisión especial del Senado.

En la Cámara Baja también se han pronunciado otros legisladores que igualmente sugieren a los miembros de la comisión que estudia la pieza, excluir al Banco Central de la Ley General de Salarios.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha ponderado la Ley General de Salarios para el Sector Público, pero en lo que respecta al Banco Central, Superintendencias, Indotel y Dirección General de Impuestos, aboga por que sean excluidas estas instituciones.