Un nuevo eslabón en la cadena de corrupción que se registra en las instituciones del Estado se ha producido con el escándalo en la entrega de juguetes a legisladores, periodistas e instituciones profesionales y sociales por la administración de la Lotería Nacional.

Este caso se une a otros tantos denunciados y llevados ante el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia durante las más recientes administraciones de Gobierno.

Desde principio de los últimos cuatro gobiernos no han cesado los escándalos y denuncias, que en algunos casos han recibido desde el Poder Ejecutivo el perdón o la orden para cesar la persecución contra los acusados. Ejemplos sobran.

Algunos amagos se han hecho para perseguir la corrupción, como varios sometimientos de casos menores con respecto a los montos y personalidades involucrados, pero sólo para cubrir la apariencia ante los electores, organismos internacionales y la sociedad dominicana.

Como parte de esa apariencia se han creado dos organismos de investigación, uno dependiente directo de la Presidencia de la República o Poder Ejecutivo, denominado Oficina de Ética y Combate a la Corrupción, presidido por el doctor José Joaquín Bidó Medina, y la Oficina de Prevención y Persecución de la Corrupción, una dependencia del Ministerio Público, representado en la Procuraduría General de la República, a la vez dependiente del Poder Ejecutivo.

Los dos organismos son dependencias de un Poder del Estado, que es el Ejecutivo, y los designados responden al Presidente de la República, por lo que las investigaciones y sometimientos de funcionarios o servidores públicos por cuestiones de irregularidades y corrupción en la administración estatal deben contar con el aval del gobernante.

Sin una orden del Ejecutivo no habrá persecución. De ahí las limitantes de los referidos organismos.

Si los casos de irregularidades en el manejo del subsidio al Gas Licuado de Petróleo y del Programa de Renovación Vehicular (Plan Renove), ocurridos en la administración de Hipólito Mejía y el PRD, se han considerado escandalosos, mayores han sido los de las administraciones de Leonel Fernández y el PLD, como el del Programa de Empleo Mínimo (PEME), en su primera gestión, de Endesa en Bienes Nacionales y el contrato inconstitucional de la Sund Land, en su segundo período.

Sobre este último mayúsculo caso, ante dos instancias de inconstitucionalidad sometidas ante la Suprema Corte de Justicia, ese alto tribunal de la Justicia dominicana restó calidad al PRD y al Foro Social Alternativo, para querellarse ante éste, pero reconoció que se violó la Constitución de la República. Una decisión muy cuestionada por la sociedad, pues lo que debió juzgarse fue la violación, el fondo, y no la forma.

Ante un Presidente de la República que asume responsabilidad por el Contrato en dólares con esa empresa, al dar un aval a un Secretario de Estado, como el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ingeniero Félix Bautista, y ante una Suprema Corte que reconoce violación constitucional, pero que resta calidad a las entidades y ciudadanos para poder querellarse contra éstos, se ha llevado al país a una situación de indefensión.

Con su sentencia tardía la Suprema Corte de Justicia reflejó en la sociedad que la Justicia es un Poder del Estado dependiente y temeroso de actuar contra los demás poderes del Estado, principalmente contra el Ejecutivo. Ni hablar del Congreso Nacional, influido por los intereses políticos y partidarios.

Como la corrupción es una práctica social en el país, estimulada desde los mismos poderes del Estado, que surjan nuevos escándalos, como el de la Lotería Nacional, sólo generarían los cuestionamientos y repulsión de diversos sectores, más cuando los mismos organismos estatales que han de ser de controles están descalificados, como la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.

Como el administrador general de la Lotería Nacional, José Francisco Peña Guaba, tiene conciencia de esto, ha seguido el modelo de sus jefes en la jerarquía estatal, continuando las prácticas descaradas de disponer de los recursos que la sociedad pone en sus manos para el dispendio, pero colectivizando las culpas, distribuyendo parte de esos dispendios entre representantes sociales (legisladores, políticos, entidades sociales y periodistas).

Ha justificado la distribución de millones de pesos en juguetes, y tal vez también de otros desembolsos en efectivo, en el rol filantrópico de la Lotería Nacional. Una manera de cómo tapar lo indebido e ilegal.

¿Por qué indebido? Por haber favorecido a legisladores, que además de los elevados recursos que obtienen de los fondos del Congreso Nacional para alegados fines comunitarios, son representantes de un Poder del Estado, el Legislativo, que puede enjuiciar políticamente a cualquier funcionario, incluidos los secretarios de Estado, que hayan cometido irregularidades en sus funciones. Por esa vía nunca recibiría cuestionamientos.

En el caso de los periodistas, acallaría a quienes provocan opinión pública, y con las entidades comunitarias y sociales tendría el apoyo de su accionar de un gran sector de la base social del país.

¿Por qué ilegal? Porque la Lotería Nacional no cumplió con la Ley 340, en lo referente a la compra y contratación de bienes y servicios por las instituciones del Estado, que sugiere la convocatoria de licitaciones y concursos públicos para esos fines, tal y como lo vienen haciendo otras entidades oficiales.

El modelo corrupto de ¡Manos sueltas¡ y ¡Vueltas al Globo¡ continuará hasta que el pueblo se jarte y decida, escogiendo mejores representantes para los poderes del Estado.

(El autor es periodista)