Todavía la Procuraduría General de la República no ha concluido las investigaciones sobre los sobornos por 39.5 millones de dólares que habría pagado Odebrecht para Punta Catalina y de 15.8 para otras siete obras cuando estalla el escándalo acerca de las monstruosas operaciones de la red de narcotráfico y lavado dirigida por el presunto capo César Emilio Peralta (César el Abusador). Lo mismo que el caso de los pagos ilícitos para la adquisición de los aviones Súper Tucano, cada uno de los casos tiene en común que los expedientes llegaron desde Estados Unidos.

Ese detalle puede interpretarse de que por allá se sabe -¡y se sabe muy bien!- lo que por aquí se ignora o se ha querido ignorar.

El Ministerio Público podrá no identificar los seudónimos que según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación utilizó la constructora para pagar los sobornos para las plantas a carbón. Pero eso no significa que se han borrado o que no existen.

De la misma forma que han goteado los escándalos, en cualquier momento pueden aparecer, como se ha visto en otros países, los nombres verdaderos tanto de los sobornados para Punta Catalina como de las otras documentadas por el grupo periodístico. Con los efectos que han tenido las pesquisas en otras latitudes la percepción que se tiene por aquí es que se teme destapar una caja de Pandora.

¿O acaso se puede aceptar que en los primeros 92 millones de dólares en sobornos que admitió Odebrecht y en los 55 que se descubrieron después los únicos favorecidos son los seis que están imputados?.

En torno a César el Abusador, cuya red de narcotráfico y lavado se sindica como una de las más poderosas de la región, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) dijo que llevaba entre 4 y 5 años dándole seguimiento. Eso es que lo tenían ubicado.

Sin embargo, el Ministerio Público decidió intervenir cuando Estados Unidos se lo requirió. Pero además lo hizo con tanto desatino que en el aparatoso operativo, el principal objetivo ni ninguno de sus lugartenientes pudieron ser capturados. Ahora, a través de un documento judicial del Distrito de Puerto Rico, se aduce que el presunto capo tenía en su nómina a funcionarios civiles y militares para que le informaran cualquier movimiento y para proteger sus actividades.

Las investigaciones han dejado tanto que desear que en el caso de los Tucano no solo se identifica a un senador y se cita a un diputado entre los supuestos beneficiarios de los sobornos, sino que las propias autoridades reconocieron que había más legisladores comprometidos, sin que ninguno fuera sometido.
La irrupción con truenos y relámpagos del caso de César el Abusador no es más que otra pincelada a un horroroso cuadro de corrupción e impunidad.