Las voces que se han levantado en oposición a la actitud que ha asumido el Gobierno dominicano en el sentido de exigir a la empresa Barrick Gold la revisión de un contrato de explotación minera a todas luces perjudicial para la nación, se sustentan, de manera principal, en el concepto de seguridad jurídica, alegando que la introducción de cambios en las condiciones de la inversión extranjera, lleva inestabilidad a los inversionistas, lo cual puede implicar el retiro de recursos.

El punto débil de esa posición es la incoherencia que ha caracterizado a sus sustentadores. No es posible concebir que en una relación jurídica de dos o más partes, existan criterios que solo apliquen para una de ellas, sobre todo no tratándose, como es el caso, de contratos de adhesión, en los cuales uno de los contratantes impone sus condiciones a los demás, sin que esto pueda ser modificado.

Esa ausencia de coherencia se ha puesto varias veces de manifiesto. La primera refiere al hecho de que con anterioridad, la Barrick Gold solicitó a las autoridades dominicanas que modificaran el contrato para variar el manejo de la política fiscal del mismo. El Estado aceptó y ninguno de los que en la actualidad esgrimen la tesis de la seguridad jurídica dijo nada ante un hecho que operó en desmedro de la certeza que debía tener el país de los ingresos que iba a recibir por concepto de impuestos.

Ahora, como si lo acontecido no fuere suficiente, la nación ha visto cómo se ha incurrido en violaciones de leyes en los embarques que ha exportado la empresa minera. Declaraciones mal formuladas. Pesos declarados por debajo de la realidad. Afirmación de que el producto tiene su origen en un país diferente al nuestro. En fin, un cúmulo de falsedades que atentan contra la seguridad que debe tener el país de lo que le corresponde por pago de aranceles.

Nada de eso ha servido para que los postulantes acérrimos de la seguridad jurídica reclamen la vigencia de la misma a favor de nuestro erario. Es decir, estamos en presencia de algo que, al parecer, solo es reconocido cuando puede poner en peligro los intereses de la empresa extranjera, pero jamás cuando vulnere los derechos adquiridos por el dueño exclusivo de lo que da origen a todo esto, como es el oro que brota de las entrañas mismas de la tierra quisqueyana. Así no se vale.