Los jueces de Ejecución de la Pena de San Cristóbal y San Francisco de Macorís que fueron suspendidos ayer por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) negaron a los investigadores que actuaran en contubernio para favorecer al sicario Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito).
Los magistrados Willy de Jesús Núñez, de San Cristóbal, y Aleyda Jiménez Acosta, de San Francisco de Macorís, fueron interrogados por separado por la Procuraduría General de la República e investigadores del Poder Judicial y en ambas instancias negaron que hayan actuado en complicidad para favorecer a Castillo Paniagua.
El dato fue ofrecido a El Nacional por uno de los investigadores, quien dijo que ambos magistrados declararon que fueron sorprendidos en su buena fe.
De Jesús Núñez fue el juez que dispuso el traslado, por “razones de salud”, de Castillo Paniagua a San Francisco de Macorís, ante una petición que le hicieron para que estuviera cerca de sus familiares, en especial de su esposa Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo.
Mientras, Jiménez Acosta fue la jueza que mediante sentencia le varió a Castillo Paniagua el régimen de cumplimiento de la condena de 30 años de cárcel por prisión domiciliaria.
Los dos fueron suspendidos ayer por el Consejo del Poder Judicial, aunque esto no ha sido informado de manera oficial.
“Ambos están suspendidos hasta que dure la investigación, pero se trata de una fase secreta en la que hay que probar y descartar muchas cosas”, dijo la fuente a El Nacional.
PGR someterá
La Procuraduría General de la República garantizó que someterá a la justicia, sin importar quién o quiénes sean, en el caso de que se determine que servidores públicos o personal del sector privado tengan comprometida su responsabilidad penal.
“Es cierto que, tal y como publicó ayer El Nacional, no hay presos, pero usted puede estar seguro que lo habrá si se comprueba que alguien comprometió su responsabilidad penal en este caso y estamos trabajando para eso”, dijo una fuente de la Procuraduría General.
Sobre el caso Quirinito explicó que se encuentra en una fase procesal en donde todavía no se ha llegado a la parte de los apresamientos y sometimientos.
“Lo que sí puedo asegurar es que si durante la continuación de la investigación se determina que servidores públicos o personal del sector privado tienen comprometida su responsabilidad penal, serán sometidos a la acción de la justicia, sin importar de quien se trate”. señaló.
La esposa
Como parte de la investigación, también fue interrogada la esposa de Castillo Paniagua, Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo, quien declaró que su esposo murió en su residencia, en horas de la mañana del pasado 5 de julio del presente año, y que no estaba en disposición de decirles a las autoridades quién se llevó el cadáver ni dónde está enterrado, dijo la fuente.
Domínguez de Castillo le sirvió a su esposo como garante para que lo favorecieran con el cambio de modalidad de la condena por prisión domiciliaria.
