Lima.- El abogado Paolo Aldea, defensor del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), envió este viernes una carta a la embajada de Estados Unidos en Perú para denunciar que, según su posición, el exmandatario es “víctima de un secuestro judicial”.

Aldea declaró a la emisora RPP que la carta fue dirigida a la embajadora estadounidense, Lisa Dougherty Kenna, para informarle que Perú ha incumplido el compromiso del “debido proceso y el respeto de las garantías judiciales” del exgobernante, que fue extraditado desde Estados Unidos en abril del año pasado.

“Tenemos una carta a la embajadora para que, a través de la embajada, comunique a las instancias pertinentes del gobierno estadounidense el incumplimiento del compromiso internacional y la situación de arbitrariedad contra Toledo”, sostuvo.

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Según el abogado, esta misiva “va a surtir efecto” en la decisión que tome la justicia estadounidense sobre un segundo pedido de extradición que ha presentado Perú para que Toledo pueda ser procesado por el llamado ‘caso Ecoteva’.

“Esto va a marcar un precedente”, dijo antes de enfatizar que Toledo ha sufrido una “arbitrariedad” y es “víctima de un secuestro judicial”, luego de que un tribunal rechazó su petición para que se le libere por considerar que ya ha cumplido los 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra, si se suma el tiempo que estuvo detenido en Estados Unidos.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada determinó este jueves que “el cómputo del plazo de la prisión preventiva se realizará desde el momento de la llegada” de Toledo a Perú”, por lo que debe vencer el próximo 22 octubre.

El miércoles pasado se cumplió un año desde que el Departamento de Estado de EE.UU. concedió la extradición de Toledo, para que sea juzgado por presunta corrupción, y dos meses después llegó a Perú, donde cumple prisión preventiva.

El 25 de marzo próximo se celebrará la audiencia preliminar de control de requerimiento de acusación por la presunta entrega de 34 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.

La Fiscalía a cargo del caso acusa al exgobernante de haber cometido los delitos de colusión y lavado de activos y pide que sea condenado a 35 años de cárcel.

Toledo también tiene abierto otro proceso por un presunto lavado de activos por el caso Ecoteva, una empresa creada en Costa Rica que supuestamente se usó para comprar inmuebles en Lima con el dinero entregado por Odebrecht.

En esta investigación, la Fiscalía ha pedido que se le condene a 16 años de prisión, y a 8 años a su esposa, Eliane Karp, quien partió a Israel cuando el exgobernante fue extraditado y también es solicitada por la Justicia peruana.