La muerte de Yanelis Arias la semana pasada, después de diez días de luchar por su vida luego de haber sido agredida con el llamado ácido del diablo por un desconocido en la misma puerta de su casa, en la provincia Hermanas Mirabal, hace reaparecer el siniestro tema del uso de esta sustancia altamente corrosiva que se maneja libremente en el país, a pesar de la reiteración de los crímenes con ella.

Los ataques, sobre todo a mujeres por motivos asociados a la Violencia Basada en el Género, pero también utilizado en actos de delincuencia común contra hombres, siguen siendo una pesadilla “diabólica”, mantenida por la indiferencia e ineficacia de las autoridades competentes.

Si bien la ley penal no contempla el crimen cometido con este ácido del diablo como tal, quienes perpetran crímenes con él, se imputan penalmente por los actos de tortura y barbarie y por la violencia contra la mujer, con castigos tope de 20 años, a menos que la acción criminal se agrave con la premeditación y acechanza que configura el asesinato y suba a la pena máxima de 30 años.

Sin embargo, en 2010, Pro Consumidor emitió la Resolución 104-10 que prohíbe la venta de destapadores de tuberías, cuyo ingrediente activo sean productos ácidos inorgánicos como el sulfúrico u otro corrosivo que son utilizados para fabricar ácido del diablo y solo autoriza, de manera exclusiva, a las empresas industriales para hacer uso del químico.

Como la mayor parte de las víctimas son mujeres “castigadas” por hombres celosos, dominantes, controladores y extremadamente violentos, los controles se relajan porque no tenemos un imaginario en las autoridades que consideren de primer orden proteger a las mujeres.

Las víctimas de ataques con ácido del diablo, marcadas para siempre física y emocionalmente, no cuentan con presupuestos que aguanten los gastos médicos que incluyen innumerables cirugías reconstructivas no cubiertas por los seguros. El Estado debiera resarcirlas y cubrir sus gastos, porque es su negligencia la que permite que esto siga ocurriendo.

Esto no es nuevo, en tres ocasiones testificamos en Cortes de Estados Unidos por mujeres víctimas de violencia de género dominicanas que solicitaron asilo en ese país y a las que les fue concedido. Una de ellas fue atacada con ácido del diablo, en San Cristóbal, hace más de veinte años, tiempo que tiene residiendo en el país del norte donde recibió las atenciones médicas necesarias, incluyendo más de 25 cirugías y rehízo completamente su vida.

Pero aquí, esto hay que resolverlo.

Por: Susi Pola
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