El Buró de Aduanas y Protección de Fronteras de Puerto Rico advirtió ayer que los viajeros ilegales podrían ser acusados de cargos criminales y condenados a prisión si son encontrados culpables de violación al ordenamiento migratorio.

En un documento público, las entidades estatales puertorriqueñas señalan que la política pública federal es en la actualidad más rigurosa y agresiva contra aquellas personas que han intentado entrar a Puerto Rico en más de una ocasión.

Igualmente advierte sobre el peligro evidente que representa para los viajeros los frecuentes viajes en embarcaciones rústicas, así como para las autoridades, cuando son interceptadas en alta mar.

El aviso está centrado en las consecuencias legales que pueden enfrentar aquellos individuos que intenten penetrar territorio estadounidense de manera ilegal.

Explica que actualmente al documentar los casos se actúa con más rigurosidad, en la captura de huellas dactilares, los intentos de entrada ilegal y las deportaciones de indocumentados a su país de origen.

Las huellas son incluidas en una ficha e incorporadas en una base de datos del Departamento de Seguridad Doméstica (DHS, por sus siglas en ingles), cuyos datos son archivados y utilizados para verificar la identidad, cotejar los antecedentes penales y confirmar cualquier reincidencia en intentar entrar ilegalmente.

Esta política incluye el procesamiento más agresivo de aquellos individuos que han intentado la entrada al país en más de una ocasión, presentando cargos administrativos a la Corte de Inmigración, o cargos criminales ante la Corte para el Distrito Federal de San Juan, expresa.

Precisa que la persona que fuere acusada criminalmente, de ser hallada culpable de violación al ordenamiento migratorio, puede encarar pena de cárcel.

La estrategia delineada por el Grupo Inter agencial de la Frontera del Caribe (CBIG), ha registrado un aumento del 69% de casos procesados y radicados por violación al Código de Inmigración desde el 2006.