Como aguas cloacales, la delincuencia y la criminalidad se esparcen por casi todo el territorio nacional en insólita contaminación del sosiego ciudadano vapuleado por cotidianos sucesos de robos, asaltos, atracos, homicidios, asesinatos y sicariato.

La prensa no se cansa de informar sobre acciones delictuosas o criminales, que incluyen robos o despojos de vehículos y motocicletas, escalamientos en residencias y negocios y violaciones sexuales que se escenifican en barrios populares, sectores residenciales y comunidades rurales.

No se exagera si se afirma que no hay un rincón del Gran Santo Domingo que no esté bajo azote de bandas de delincuentes, pero también la criminalidad arropa a Santiago, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, Barahona y San Pedro de Macorís, por solo mencionar algunas provincias.

En los papeles del Ministerio de Interior y Policía se hace constar que la delincuencia se ha reducido como consecuencia del programa de seguridad ciudadana y desarme de la población que ejecuta esa dependencia, pero son muchas las comunidades que han sido convertidas en tierra de delincuentes.

Lo mismo en barrios de clase media que en comarcas populares, los ciudadanos temen que al salir a trabajar o estudiar sean interceptados por atracadores para robarles, agredirlos o asesinarlos, turbación que se renueva al retornar al hogar.

Mucho se habla de la reforma de la Policía Nacional, pero todavía se escenifican casos de delincuentes uniformados que persiguen a delincuentes o de agentes del orden que fungen como cómplices de forajidos, sin que se pueda precisar cuál es más peligroso para la ciudadanía, si el perseguidor o el perseguido.

El Ministerio Público, que se supone es el jefe de la investigación sobre ilícitos penales, no ha dado mucha muestra de voluntad en perseguir, desmantelar y someter a la justicia a bandas de delincuentes, como tampoco parece que a los jueces les interese producir y promover sentencias ejemplares.

Sin mercadeo politiquero, la Procuraduría General, el Ministerio de Interior y la Policía Nacional y el orden judicial tienen la ineludible obligación de garantizar la seguridad ciudadana, lo que supone prevención, persecución, sometimiento judicial y condena aflictiva contra todo el mortal que incurra en delincuencia o criminalidad.