El año que finaliza no representó novedad en el ámbito judicial y los casos de corrupción administrativa se encuentran en la etapa de Instrucción y fondo, y no se vislumbra condena por ese tipo penal que tanto daño ha hecho al país y que ha socavado la esperanza de muchos.

El Ministerio Público, como persecutor del crimen, ha presentado acusación en los casos bautizados con nombres de especies marinas como Pulpo, Coral, Medusa y Calamar. Todo indica que a esos imputados se les levantarán las medidas de coerción que pesan sobre ellos.

El 18 de este mes, el Segundo juzgado de la Instrucción le levantó la presión preventiva impuesta a Alexis Medina, principal imputado del caso Antipulpo y ordenó el retiro del grillete.

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Esa decisión sienta las bases para el levantamiento de la prisión preventiva no solo a los demás imputados de ese caso, sino para otros que deben correr la misma suerte.

Este año el Ministerio Público ha bajado la intensidad en la persecución de la corrupción y se ha centrado en los casos que lleva desde el 2020. También se han reducido los allanamientos.

En la Procuraduría General de la República también se encuentran empantanadas muchas denuncias de corrupción que implicaron interrogar varios exfuncionarios.

Ese aparente debilitamiento del órgano persecutor del crimen ha cercenado la esperanza que tenían en las autoridades de la PGR, encabezada por la magistrada Miriam Germán.

En base al principio de igualdad, los tribunales se verán compelido a variar la medida de coerción a los demás imputados de casos de corrupción.

La magistrada Yissel Soto ordenó además para Medina, impedimento de salida y una garantía económica de 60 millones de pesos.

El tribunal dijo que el Ministerio Público no presentó las justificaciones para mantener al principal imputado del caso Antipulpo la prisión domiciliaria y el uso de grilletes.

De acuerdo al órgano acusador, Medina dirigió una presunta red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.

Mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los imputados del caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas», aseguró el MP.

El caso Medusa se encuentra en la fase de Instrucción y las audiencias están suspendidas hasta que la SCJ decida sobre una recusación al pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.