El ministro de Energía y Minas (MEM), Antonio Almonte externó que la minería tiene beneficios en la República Dominicana con la recepción de divisas y que algunas instituciones se encargan de que estas operaciones sean compatibles con el medioambiente.
Almonte alegó que, el fisco dominicano recibe ingresos como consecuencia de la producción minera, así como también, se crean miles de empleos por las empresas extractivas, y a su vez, se generan compras de servicios y productos de corporaciones a productores locales.
“Hay productos que compran esas mineras principalmente a pequeñas y medianas industrias y comercios locales que a su vez generan un crecimiento en la actividad empresarial de empleos, lo que en economía se denomina encadenamiento productivo”, sostuvo Almonte al ser entrevistado en el programa A Diario a través de la emisora Sentido-89.3 FM.
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Enfatizó que, para el otorgamiento de una autorización para la explotación minera, las empresas deben realizar un estudio de impacto ambiental basado en estándares internacionales de referencia que por lo general duran de uno a dos años y con costos valorados en millones de dólares.
“Esos estudios de impacto ambiental son evaluados por especialistas de diferentes orientaciones minera, y después de ahí es que se les da la licencia de explotación, y el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de Minería tienen el papel de hacer las evaluaciones que corresponden principalmente a aspectos mineros, y estas instituciones tienen que realizar inspecciones semanalmente en las plantas de minería para garantizar que las operaciones se realicen de forma sostenible”, puntualizó el ministro.
También, considera que es difícil imaginarse el estatus actual de desarrollo social, económico y tecnológico sin la producción minera y que casi todo lo que utilizan las personas de alguna forma tiene que ver con la minería, por lo que el Gobierno dominicano respalda la extracción minera responsable.
Explicó que la minería ha sido recurso fundamental de los avances que ha experimentado la ciencia y que no se trata de negar la actividad minera, sino de que el país aproveche esos recursos sin afectar el ecosistema o el nivel de vida de las comunidades sociales.

