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Apelan sentencia de operación KAF en Santiago

Apelan sentencia de operación KAF en Santiago

Las armas que dicen fueron ocupadas a los implicados

El Ministerio Público informó  que apeló ayer la decisión mediante la cual la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yiberty Polanco,  dejó en libertad a   dos implicados en la operación denominada KAF,  acusados de tráfico internacional de armas.

La decisión de la jueza fue recurrida por el Ministerio Público  por considerarla aberrante y fuera de derecho.

El órgano persecutor del crimen deploró que dos  miembros  del  Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) incluyendo a un alcalde  asumieran  la defensa del cabecilla de la red  de tráfico internacional de armas.

Refiere  que el síndico de Canca la Reyna, Moca, Víctor Bretón  y el también abogado  Ramón Estrella (Monchy), ambos dirigentes del Falpo, subieron  al estrado para defender al supuesto líder de la red,  Gregory Alberto Diplán Güichardo,  quien fue dejado en libertad  junto a otro imputado de tráfico de armas.

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago  ordenó la libertad pura y simple de  Diplán Güichardo, mientras que a Juan Miguel Almonte Padilla (Colita), le impuso el pago de una garantía económica concerniente a 300 mil pesos.

A este último también se le impuso presentación periódica, en virtud de que en el allanamiento se le incautó un arma ilegal en su residencia.

Conforme a la solicitud del órgano acusador, los imputados supuestamente guardaban armas de fuego  sin la documentación para su porte o venta, al igual que altas sumas de dinero en efectivo.

El Ministerio Público  había solicitado  18 meses de prisión preventiva contra de  Diplán Güichardo y  Almonte Padilla.

En los allanamientos se  les ocupó seis fusiles, dos pistolas, 6,796 cápsulas, más de 4 millones de pesos y más de 17 mil dólares.

El órgano persecutor del crimen deploró que la juzgadora en  un caso de extrema gravedad se preste a dejar en libertad, con  una fianza de 300 mil pesos, que lo que paga son 30 mil pesos por contrato, como si se tratara de un hecho leve, contravencional o insignificante para el sistema de justicia.

Ambos imputados   son señalados de comercializar con redes del crimen organizado armas de fuego de alto calibre y distribuir drogas narcóticas.