La defensa de un hombre condenado a 20 años de cárcel en La Vega, por el alegado falso testimonio de una señora que también fue sentenciada a 20 años de prisión por perjurio, fue llevado este fin de semana por ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Se trata del caso del señor Aquilino Delgado Lugo, sentenciado a 20 años de reclusión mayor, por el asesinato de Caonabo Lugo Contreras, en el Caimito, La Vega, el 8 de abril del 2006.

Dicha condena le fue impuesta por el alegado falso testimonio de la señora Carmen Delia Acevedo Rodríguez, a quien los jueces también sentenciaron a 20 años de cárcel por perjurio, en vista de que determinaron que mintió durante el proceso.

Delgado Lugo interpuso un recurso de revisión a través de su abogado, Luis Alberto Rosario Camacho, con el objetivo de que los jueces tomen en cuenta una serie de elementos nuevos, entre ellos el hecho de que la señora Acevedo Rodríguez fue sentenciada a 20 años de cárcel por mentir para que lo condenaran.

Acevedo Rodríguez se convirtió en la primera persona en ser sentenciada en el país por perjurio, tras la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, que contempla esa figura.

El abogado Rosario Camacho fundamentó el recurso de revisión en que, según él, después de la sentencia de condena han aparecidos hechos, circunstancias y documentos nuevos que no fueron valoradas por el tribunal cuando condenaron a su cliente.

Entre esos hechos y circunstancias nuevas encontradas, citó la recuperación del revólver S&W, calibre 38, No. 9D06014, que le fue sustraído a la víctima; un acta del allanamiento de fecha 04 de Octubre del 2008, realizado por el Ministerio Público de La Vega, donde fue recuperado el revólver S&W, en manos de Emilio Antonio Morel Taveras, amigo inseparable de Samuel Inoa Lugo, (el primero en ser acusado por el hecho); una certificación del Ministerio de Interior y Policía, de fecha 3 de Septiembre del 2010, que prueba que el revólver S&W está registrado a nombre de Oscar de Jesús Fernández, a quien la víctima lo compró una certificación del ayuntamiento de La Vega, de fecha 27 de Noviembre del 2007, que da cuenta todavía de una carnicería, registrada a nombre de de la víctima, y no como falsamente dice la sentencia de condena.