Por más y más vuelta que se le busque no parece casual la denuncia de atropellos y violaciones que unos 250 fiscales atribuyen a la Procuraduría General de la República.

En una decisión insólita los funcionarios judiciales intimaron al Consejo del Poder Judicial, que preside la procuradora Miriam Germán Brito, para que en un plazo de 15 días comience a pagárseles una remuneración acorde con las funciones que desempeñan.

El caso de los fiscales resulta muy extraño. Mientras Germán Brito ha sido respaldada por su gestión por entidades de la sociedad civil como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), internamente tiene que lidiar con una rebelión.

No pasa por alto la inquietud de si la posición de los fiscales tiene ingredientes políticos, habida cuenta de que su inmensa mayoría fue designada durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y no en todos los casos por méritos profesionales.

Pero al margen de conjeturas en su recurso al Poder Judicial los funcionarios citan violaciones constitucionales y atropellos, casos que obligan a una investigación con sus debidas consecuencias.