José Antonio Aybar F.

aybarjo@gmail.com

La justicia española y la monarquía están a punto de “bailar pegao”.

El caso Urdangarín vuelve a quitar el sueño a la infanta Cristina de Borbón, hija del Rey y séptima en la línea sucesoria de la Corona, luego de que el juez José Castro considerara que hay indicios suficientes para interrogarla.

Y es que los supuestos delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal que habría cometido a través de Aizoon, la empresa cuya propiedad compartía al 50 por ciento con su marido Iñaki Urdangarín y a la que llegaba el dinero obtenido por éste, pagó facturas correspondiente a un curso para que la infanta aprendiera a bailar merengue, por el que su marido abonó 707 euros.

El juez quiere respuestas sobre otros gastos personales facturados a la empresa, entres estos el del curso de merengue recibido por Cristina en el domicilio familiar, revela El País de España en un extenso reportaje sobre el caso Urdangarín, por el que ha sido citada como imputada.

El juez Castro añade que fue la empresa Aizoon quien acabó pagándolo. «Se antoja harto difícil que pueda ser satisfactoriamente explicada», aunque el magistrado opina que debe darle a la Infanta «la posibilidad de hacerlo», publica el medio.

Además de cursos de baile el último informe entregado al juez por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares revela también que los Duques de Palma pagaron fiestas infantiles y cumpleaños, un curso de asesoramiento en competencias de dirección y servicios de “coaching”, este último por un total de 6.672 euros.

Sostiene que las facturaciones por gastos personales de doña Cristina de Borbón con cargo a Aizoon supusieron una doble defraudación en IRPF e Impuesto de Sociedades.

Hoy, Miguel Roca y Jesús Silva, abogados de la infanta Cristina, argumentaron ante el juez en su escrito de oposición a la posible imputación por supuestos delitos fiscal y de blanqueo de capitales, que la esposa de Iñaki Urdangarín estuvo ajena a la contabilidad de Aizoon.

Una de las imputaciones más graves de la resolución judicial revela que la infanta fue usada como “escudo fiscal”, a modo de aparente blindaje ante las posibles inspecciones de Hacienda.