Calamidad

De deprimente puede calificarse la descripción de hospitales públicos que se hace en un amplio reportaje publicado en la edición del domingo de El Nacional, por lo que a esos centros asistenciales bien les acomoda la dolorosa definición de “almacenes de enfermos”.

Más de cuatro millones de dominicanos no tienen otro sitio donde acudir para afrontar enfermedades que no sea un hospital o dispensario estatal (40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza), por lo que la deficiencia en tan vital servicio es también calamidad mayor.

Médicos, enfermeras y dirigentes gremiales del sector salud coinciden en denunciar que la mayoría de los hospitales padecen déficits de cama, equipos, medicamentos, material gastable e insumos y que para colmo no pueden operar sus laboratorios por carecer de reactivos.

Centros hospitalarios como el Darío Contreras, Moscoso Puello, Luis Eduardo Aybar y las maternidades La Altagracia y San Vicente de Paúl, padecen de grandes precariedades que los inhabilitan para ofrecer un servicio siquiera aceptable a miles de pacientes que a diario colman sus emergencias, salas de internamientos y áreas de consultas y laboratorios.

El presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública es menos que irrisorio (60,297 millones, 1.5% del PIB), lo que explica el virtual estado de abandono en que se encuentran los hospitales públicos, incluidos los que operan en ciudades de provincia.
Con toda propiedad, el presidente del Colegio Médico, doctor Pedro Sing Ureña, describe el estado de los centros asistenciales oficiales como una situación de calamidad, al tiempo que ha advertido que de continuar los retrasos en la entrega de subvenciones el sistema de salud podría colapsar.

La deuda acumulada por los hospitales con suplidores sobrepasa los cien millones de pesos, y se menciona el caso del Rober Reid Cabral, cuyas acreencias superan los 70 millones de pesos. Lo menos que se debe reclamar es que esos centros sean declarados en situación de emergencia para que el Estado proceda a inyectarles recursos extraordinarios.

La indiferencia oficial ante el estado de calamidad por el que atraviesan la mayoría de los hospitales estatales, se interpreta como agravio a la enorme masa de la población pobre a la que le asiste derecho de recibir adecuados servicios de salud. Ojalá que las quejas lleguen hasta el oído presidencial.