El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, calificó de ridícula la afirmación de que República Dominicana aplique la ley migratoria basándose en perfiles raciales o lingüísticos.

De igual forma, consideró insólito que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya decidido enviar una serie de denuncias sin aval documental a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El funcionario explicó que a raíz de un informe emitido por la CIDH en marzo del presente año, el Estado dominicano presentó a ese órgano internacional una relación detallada del estatus legal de las supuestas víctimas de deportaciones.

Dijo que entre los querellantes hay ciudadanos haitianos que fueron provistos de salvoconductos para poder circular por el territorio nacional, y señaló que a otros no se les puede otorgar la nacionalidad dominicana, como se reclama, porque sus nombres no están registrados en ningún hospital ni oficialías del Estado Civil del país.

Elaborado por la Junta Central Electoral y la Dirección General de Migración, el análisis de cada uno de los casos está complementado con certificaciones que indican la no existencia de declaraciones oportunas ni tardías emitidas a favor de Miguel Jean, Victoria Jean, Natalie Jean y Nené Fils-Aimé, Marilobi Fils Aimé, entre otros.

Aquí lo importante es que dejemos claramente establecido lo siguiente: a quien le interese regularizar su situación migratoria en el país con el objetivo de permanecer legalmente, debe saber que tiene que cumplir con los requisitos fijados por nuestra legislación interna, recalcó el Canciller Morales Troncoso.

En torno a las deportaciones, el funcionario sostuvo que existe un procedimiento de repatriación conforme a la ley, que es aplicado por la Dirección General de Migración, garantizando el debido proceso a las personas.

Las leyes dominicanas no contemplan ninguna disposición que permita a las autoridades realizar distinciones discriminatorias en perjuicio de ninguna de las personas que habita en la República Dominicana, particularmente porque la Constitución lo prohíbe.

Resaltó la formación que reciben los inspectores de Migración en temas relacionados con los derechos humanos, legislación migratoria, historia, geografía y responsabilidad penal del oficial migratorio, con la finalidad de que siempre actúen conforme a las leyes y respetando los derechos fundamentales.