El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) consideró hoy que el Proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia depositado por el Presidente de la República, constituye un grave retroceso institucional que afectaría al sistema de Justicia, al asignar al Ministerio de Justicia funciones constitucionales del Ministerio Público y del Defensor del Pueblo, llegando hasta anular la autonomía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, recordó que la Ley 458-08 creó el INACIF como una entidad autónoma no dependiente ni siquiera de la Procuraduría General de la República para evitar la politización de los exámenes forenses, los cuales son determinantes en los procesos penales.

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Surún Hernández señaló que dicho proyecto de ley en su literal F, párrafo II, artículo 6 asigna a la Policía Nacional la facultad de perseguir e investigar las infracciones penales, en violación al artículo 169 de la Constitución que establece que el MP es el encargado de la investigación penal y la de ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

Cree que con esa iniciativa busca la instauración del sistema de derechos humanos, en violación del artículo 191 de la Constitución, que consagra dichas funciones en favor del Defensor del Pueblo, como rector del Sistema de Derechos Humanos en el País, cediendo además en favor de dicho Ministerio, la representación del Estado Dominicano, en violación al artículo 128 de la Constitución, que atribuye al Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, la representación del Estado Dominicano, funciones que son indelegables.

El jurista aseguró que dicho proyecto de Ley entrega al Poder Ejecutivo el control, fiscalización y regulación de las organizaciones sin fines de lucro (ONG), con poder para anular aquellas fundaciones, cuyas actividades sean molestas al gobierno de turno, en un grave atentado al sistema de fiscalización ciudadana.