La ganancia de causa en tribunales de Estados Unidos a favor la empresa Lajun Corporation contra el Estado dominicano, condenado a pagar 44 millones de dólares, no es el único pleito que ha tenido dicha compañía con autoridades del país.
En 2017, la referida empresa aumentó de manera unilateral el costo por tonelada de basura y restringió el horario de vertido, lo que provocó que los camiones recolectores hicieran filas kilométricas y cuyos retrasos en la operatividad generó montañas de basura en la provincia Santo Domingo.
En aquella época, el aumento desproporcionado en el cobro por el depósito de basura osciló entre un 130% y un 1,100%.
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Tarifas impagables de Lajun
Aquella acción provocó, además, que los alcaldes de los municipios de Santo Domingo calificaran de «extorsión» el cobro de Lajun Corportation.
En el municipio Los Alcarrizos, por ejemplo, la factura pasó de un RD$160,000 a RD$1.7 millones mensuales, un aumento del 1,100%.
En Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional los incrementos fueron de entre el 130% y el 300%.
Ante la negativa de los ayuntamientos de ceder a lo que consideraban un ajuste ilegal y fuera de contrato, la empresa procedió a bloquear el acceso al vertedero, reduciendo drásticamente el horario de vertido a solo unas pocas horas al día.
Vertedero y montañas de basura
El resultado de este pulso fue inmediato y desastroso para los residentes en el Gran Santo Domingo.
Al no poder descargar en Duquesa, los camiones compactadores quedaron atrapados en filas kilométricas que se extendían por toda la carretera de Los Casabes.
Con los camiones llenos y estacionados en fila durante días, la recolección en los barrios se detuvo por completo y en cuestión de una semana, el Gran Santo Domingo se convirtió en un vertedero gigante.
En aquella ocasión, el Ministerio de Salud Pública tuvo que declarar alerta sanitaria, ante el riesgo de brotes de enfermedades.
La tensión social escaló, obligando al Gobierno a intervenir el vertedero con militares para garantizar la entrada de los camiones.
De la crisis de 2017 a la condena de 2026
Aquel conflicto, marcado por la prepotencia tarifaria de Lajun, llevó al Estado dominicano a rescindir el contrato y tomar el control de Duquesa.
Sin embargo, esa misma intervención es la que hoy sirve de base para que una jueza federal en Estados Unidos ratifique un laudo arbitral a favor del inversionista Michael Lee-Chin.
A pesar de que el aumento del 1,100% fue el origen de la crisis y del malestar ciudadano, los tribunales internacionales han fallado que la forma en que el Estado recuperó el vertedero constituyó una «expropiación ilegal».
Hoy, la factura por aquellos días de calles llenas de basura y camiones haciendo fila asciende a 43.6 millones de dólares (más intereses), una cifra que el Gobierno dominicano deberá pagar tras perder una batalla legal que duró casi una década.
Los alcaldes de 2017 sostuvieron siempre que Lajun no había invertido un solo peso en modernizar el vertedero, por lo que el aumento del 1,100% no tenía justificación técnica, sino puramente especulativa.
