El proyecto de Código Penal presentado la semana pasada a la Cámara de Diputados y Diputadas por la Comisión encargada de su “estudio”, un intento por evitar que el país se quede sin la iniciativa legislativa el 27 de julio, cuando caduca la reforma penal en cuestión, es una nueva burla de un congreso con perfil medieval.

Hay en esta propuesta, los mismos desafíos de un proceso que ya dura más de 22 años manteniendo al país entre los más atrasados de la región y del mundo. Sigue siendo una pieza exclusiva, sin piedad para las dominicanas de todas las edades, manteniendo la penalización absoluta del aborto que está en la base de un número importante de muertes maternas.

Tampoco respeta los derechos básicos de las personas con orientación sexual diferente y abre la posibilidad de validar crímenes de odio en este sentido. Además, permite el castigo a los niños y niñas en el contexto familiar, aún a sabiendas de las alarmantes cifras de violencia parental irracional y producto del autoritarismo y adultocracia existentes.

Por otro lado, es una pieza acomodada a la práctica de la doble moral y la corrupción administrativa que, entre otras cosas, permite que los delitos de los militares sean juzgados por una justicia especial impartida por ellos mismos. Una joya decimonónica y hasta medieval, que borra los adelantos conseguidos en el siglo pasado y que hace peligrar la integridad de nuestra democracia, llevándola a la más pura teocracia moderna.

Esta propuesta fue sido introducida por los diputados y diputadas que constan: Elías Báez del PRM; Rogelio Genao del PRSC; Julito Fulcar, del PRM; Miguel Ángel de los Santos, del PRM; Fiordaliza Peguero del PRD; Omar Fernández, FP; Rafaela Alburquerque, PRSC, Máximo Castro, PRSC; Mateo Espaillat (DXC); Ramón Martínez, PLD; Eugenio Cedeño, PRM; Ydenia Doñé, PLD; Luis Gómez, PRM; Sadoky Duarte, PRM y Jesús Manuel Sánchez, PRM. Nombres son a tener en cuenta para la ciudadanía, porque muchos de ellos se han entronizado en el Congreso a base de negociaciones y artimañas politiqueras, apoyando a los líderes de las empresas religiosas e intercambiando con ellos en franca corrupción, mientras aplican la dicotomía para su propio provecho y sus realidades personales.

El 75% del electorado dominicano somos mujeres y personas de orientaciones sexuales no heterosexuales, un perfil, además, joven, en edades productivas y reproductivas, cuyos derechos elementales y autonomía integral están amenazadas de llegar a promulgarse el mamotreto de propuesta.
¡Volvemos a lo mismo, reaccionemos como el año pasado!

Por: Susi Pola
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