Especial para El Nacional

Recientemente, el director de este diario escribió un editorial en donde intentó tirar por el suelo, sin lograrlo, mi buena fama ganada a favor de los derechos humanos. Ahora, el secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda, se despacha publicando mi nombre en una lista de personalidades que supuestamente están bajo la ilegalidad, porque no han renovado la licencia de sus armas de fuego.

Del caso del primero ya me he referido en otra ocasión y del segundo debo decir que se equivocó. No he violado ni pretendo jamás violar la Ley.

Con modestia expreso a mi país que soy un paradigma de los preceptos constitucionales, disposiciones y normativas vigentes y jamás he violado la ley, pues soy esclavo de ella, tal como refería el inmenso Cicerón.

En cuanto a mí y otras personalidades incluidas en la lista de marra, como el doctor Antonio Cruz Jiminián, el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, Víctor Méndez Capellán y don Fredy Beras Goico, reservas morales de la Patria, independiente de cualquier diferencia, digo y sostengo que el secretario de Interior y Policía ha cometido un imperdonable exabrupto reñido con la dignidad y una grave injusticia que, al decir de un sabio pensador, la injusticia cometida contra un solo hombre es una amenaza a toda la sociedad.

No he violado la ley, porque el caso del doctor Domingo Porfirio Rojas Nina es sui generis en su condición de ex legislador, porque desde el ocho de mayo del 2007 utiliza su arma amparado en la licencia oficial Advitan, (de por vida), en virtud no solo de la ley 36 sino de dos leyes adjetivas Nos. 25 y 801, de fecha 7 de septiembre de 1966 y 30 de junio de 1978, respectivamente.

Nunca he violado la ley y, como un milagro divino, quien esto escribe dio lectura y participó en los debates de ella, firmando la misma, en su condición de secretario de la Cámara de Diputados de ese entonces, porque Dios nunca falta.

La acción del doctor Almeyda coincide con un infausto editorial del periódico El Nacional del 9 de enero, escrito por su director, contrario también a la verdad, ya que ambas actitudes tienen el sello de los tratadistas del Derecho y Criminología franceses, al definir el Animus Necandy.

Pienso que mi amigo Franklin Almeyda está obnubilado por las iras del Poder, sin darse cuenta que el Poder por sí solo es pasajero como el viento.

Para refrescar la memoria del señor secretario de Interior y Policía, copio a toda la nación y al mundo, las disposiciones de la ley adjetiva No. 25 que en su ordinal 24 expresa: Se agrega un párrafo al artículo primero, que dice: Cada miembro del Congreso Nacional tendrá derecho a portar una pistola o un revólver de cualquier calibre y armas de casería sin más requisito que su identificación y la del arma en un registro que llevará el jefe de oficina de cada Cámara debidamente controlado por su presidente; y éste lo comunicará a la oficina de control correspondiente.

La ley 801 que agrega un párrafo a la No. 25, expresa: Cada miembro del Congreso Nacional al cesar en sus funciones por haber finalizado el periodo por el cual fue elegido será provisto, por parte de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, de una licencia oficial para porte y tenencia de las armas que poseen en virtud del párrafo primero de la presente ley.

Igualmente el artículo 6 de la ley 36 expresa a favor de los principales funcionarios del Estado y miembro del Poder Judicial. Y algo que debía hacer el doctor Almeyda, es recomendarle al Honorable Presidente de la República para que el Art. 8 se aplique de acuerdo a su texto que señala: En los casos que considere de interés público, el Presidente de la República podrá autorizar a cualquier persona la tenencia de cualquier tipo de armas. Y ello es una medida proteccionista que para los ciudadanos especialmente en estos momentos se puedan defender ante el flagelo criminal.

Por la maleta se conoce el pasajero, reza un refrán, y aquí todos nos conocemos, al igual que al cojo sentao y al mocho parao.

No he violentado la ley porque soy estandarte de la legalidad a través del tiempo y la historia y con humildad y gallardía sancristobalense, me proclamo un estandarte de la Ley, porque tengo fuerza moral y honestidad indoblegable como uno de los ciudadanos más honestos que tiene la República Dominicana, porque he manejado miles y miles de millones de pesos y propiedades del Estado, sin que mis manos se hayan salpicado con el oro corruptor del peculado ni la inmoralidad, situación que puedo probar en cualquier terreno, hoy y siempre.

Reclamo del secretario Franklin Almeyda una rectificación, desagravio o aclaración pública, bajándose del supuesto pedestal en que está, porque errar es de humano y todo lo que sube baja.

De todo esto, repito, ¿coincidencia o un plan?