Una de las audiencias del caso Coral-Coral 5G.
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público concluyó ayer miércoles la presentación de pruebas testimoniales en el juicio que se sigue por el caso Coral y Coral 5G, un amplio entramado de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones.
Con esta etapa finalizada, el órgano acusador avanza hacia la incorporación de pruebas documentales y materiales, previo al turno de la defensa.
Durante la audiencia, fueron escuchados testigos claves que aportaron detalles contundentes sobre cómo se estructuró y operó la red criminal, integrada por altos mandos militares, funcionarios y líderes religiosos en el caso denominado por las autoridades como caso Coral y Coral 5G.
Entre los testimonios destacados figura el de Cipriano Agustín, tesorero de la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, quien aseguró que desconocía por completo una transacción de RD$9 millones utilizada para adquirir un inmueble a nombre de la congregación en la calle Jonás Salk, en Ciudad Universitaria. Reveló que se enteró del hecho a través de los medios, luego del estallido del escándalo.
También rindió testimonio la fiscal Rosa Alba García, quien participó en múltiples allanamientos. En uno de ellos, realizado en la residencia de Lucía de los Santos Viola, en Santo Domingo Este, fueron ocupados documentos que en realidad pertenecían a su hermano, el general de brigada Julio Camilo De los Santos Viola, y al principal imputado del caso, el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre.
La fiscal detalló que Lucía entregó voluntariamente una yipeta Toyota 4Runner, año 2018, registrada a su nombre pero propiedad de su hermano, lo que la implica como testaferro dentro de la estructura.
Puedes leer: Generales y coroneles en peligro de perder sus viviendas por corrupción en caso Coral-Coral 5G
Otro elemento clave fue el testimonio del fiscal Jensy Víctor, quien relató que en la residencia de Julio Camilo De los Santos Viola fue incautado un polígrafo propiedad del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), pese a que el militar ya no tenía funciones en esa institución, evidenciando uso indebido de bienes públicos.
Asimismo, en un allanamiento a un condominio turístico en Juan Dolio, se encontraron documentos que prueban que el verdadero propietario del inmueble es el coronel Rafael Núñez de Aza, junto a su hija Summer Laurice Núñez, aunque la propiedad figura a nombre de una empresa vinculada a la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Flete Guzmán, señalados como parte del esquema de ocultamiento de bienes adquiridos ilícitamente.
Con esta audiencia, el Ministerio Público completa la presentación de 282 testigos y peritos, 1,076 pruebas documentales, 29 pruebas materiales y 132 informes periciales.
El proceso, que se lleva a cabo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continuará el próximo jueves 14 de agosto, con la incorporación de pruebas documentales y materiales, antes de iniciar la fase de defensa de los imputados.
Las magistradas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo presiden este emblemático juicio por corrupción, considerado uno de los más complejos y voluminosos en la historia judicial del país.
