Generales y coroneles imputados en el caso de corrupción Coral-Coral 5G podrían quedar en bancarrota y sin viviendas, en el caso de que los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acojan la acusación que les hace el Ministerio Público, de haber construido sus hogares en solares comprados con los más de los 4 mil 500 millones de pesos estafados al Estado dominicano.
En la audiencia de ayer fue incorporado el peritaje financiero número 69, elaborado por un perito de auditoría forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien explicó que el análisis evidenció un patrón de tráfico de fondos entre empresas, cuentas personales de los acusados y personas vinculadas a la estructura.
Peritaje financiero revela tráfico de fondos entre acusados y empresas relacionadas
En su testimonio, el experto indicó que, a través de la empresa Único Real State e Inversiones, se adquirieron 10 solares en el sector Colinas del Oeste, en los que posteriormente se construyeron las viviendas de los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Boanerges Reyes Batista, así como del coronel Franklin Antonio Mata Flores.
Te recomendamos leer: Casos de corrupción de exfuncionarios irían a extinción penal
Del tribunal acoger dicho testimonio, podría ordenar el decomiso de los citados bienes, en provecho del Estado, lo que prácticamente los dejaría sin viviendas.
Se documentan movimientos irregulares en una red de lavado de activos y corrupción
En la audiencia, el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó el testimonio de la perito de la Cámara de Cuentas encargada de la fiscalización del patrimonio de Greybby Cuello Acosta, esposa del general de brigada Juan Carlos Torres Robiou, uno de los principales acusados en el expediente.
El informe también documenta movimientos financieros irregulares relacionados con la Asociación Campesina Madre Tierra y otras entidades corporativas utilizadas para el manejo de fondos ilícitos, en lo que el órgano acusador califica como una compleja red de lavado de activos y corrupción administrativa.
