¿Consenso?

POR: Pedro P. Yermenos Forastieri
pyermenos@yermenos-sanchez.com

La sociedad dominicana, como todo conglomerado humano que aspire a un nivel importante de civilidad, requiere consensos, armonía, paz, pero no conciliábulos que solo conducen a preservar la impunidad que tanto daño nos ha ocasionado. Es cierto que nuestra institucionalidad deja muchísimo que desear, pero jamás la haremos avanzar si en cada reto que se le presente se levantan voces intentando suplantarla por tratativas perversas, dañinas e ilegales. La nación ha sido testigo de lo que ha ocurrido en el caso que se le conoce al ex Ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, a quien se le imputan conductas en perjuicio del patrimonio público.

La Procuraduría Fiscal del D.N. ha realizado ingentes esfuerzos por hacer avanzar el proceso, lo cual ha resultado de una dificultad particular. De forma extraña, se designó una Magistrada suplente para conocer, como Jueza de la Instrucción, una inverosímil solicitud de archivo definitivo del expediente.

En la audiencia que se conocía lo citado, la Fiscal Yeny Berenice formalizó una recusación contra la Jueza, fundamentándola en hechos gravísimos que, de ser ciertos, sería ineludible la puesta en movimiento de la acción penal.
En contra de la normativa y de elementales criterios de lógica, los cuales conducen a abstenerse de conocer un proceso a cualquier árbitro cuya imparcialidad sea cuestionada por una de las partes, la Jueza continuó como si nada hubiese ocurrido, provocando que la Fiscal abandonara la Sala.

Luego, la Magistrada, en el ejercicio del derecho que le asiste, interpuso una Querella contra la Fiscal por supuesto ultraje, procediendo a causa de dicha acción, a inhibirse de continuar conociendo el caso que originó el diferendo, que no se habría presentado de haber esperado que la Corte de Apelación decidiera la recusación de la que fue objeto.

Como resultaba previsible, el hecho ha generado una circunstancia que afecta al sistema de justicia y un enfrentamiento entre la Judicatura y el Ministerio Público. En ese escenario, varios abogados han desplegado esfuerzos procurando que el tema se dilucide de forma amigable y pueda continuarse el caso principal, el de corrupción.

Esa iniciativa es perniciosa. Transita el camino que debe abandonarse si se postula por el fortalecimiento institucional. La Magistrada debe gestionar que este caso se lleve hasta el final. La Procuradora Fiscal que se propicie la posibilidad de que sus alegatos sean establecidos como ciertos o falaces. Las dos deben asumir las consecuencias de uno u otro resultado.