En buen derecho y correcto decir entre los entendidos de las ciencias jurídicas, y sin ánimo de redescubrir América, podemos afirmar que el día que respetemos la Constitución de la República comenzarán a superarse, sin necesidad de artes mágicas, la mayoría de los grandes males nacionales. Y conjuntamente con esos problemas generales se resolverán las carencias individuales. Y no es cuestión de fe, sino de comprobaciones históricas. Así lo hicieron las grandes naciones

¿Por qué desde la decapitación de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, en 1961, van y vienen los gobiernos y no han resuelto uno solo de los grandes problemas nacionales?

Nos referimos a las deficiencias en la seguridad pública, la salud y la educación; la seguridad alimentaria y la corrupción administrativa; el narcotráfico, la energía eléctrica y el transporte público; la calidad del agua, la inflación y paro de contar para no cansar.

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No hay ninguna razón económica que justifique que todas esas tareas estén pendientes. Esto así porque nuestro Producto Interno Bruto (PIB) no ha dejado de crecer. Y hasta nos han vendido con el mayor crecimiento anual en Latinoamérica. Se habló, sin sonrojo, que logramos el crecimiento más grande del mundo durante la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, las mayorías nacionales siguen padeciendo de necesidades elementales. Lejos están de una vida digna.

La Junta Central Electoral (JCE) abrió la campaña con miras a los comicios venideros. Los diversos candidatos afinan sus discursos para prometerle al pueblo villas y castillas.

Le dirán que los problemas nacionales serán resueltos si ellos son favorecidos con el voto mayoritario. Con demagogia al granel hemos vivido. Y están seguros de que, por ingenuidad, las grandes masas creerán en sus promesas.

Así las cosas, solo tenemos una vía para comenzar a superar los males que acogotan al pueblo. Y esa vía es la constitucionalización de la sociedad dominicana. La constitucionalización no debe quedarse solo en los procesos judiciales. Tiene que extenderse a todas las manifestaciones institucionales, económicas, políticas, culturales y sociales.

Por consiguiente, que no haya una decisión de la administración pública o de las entidades comerciales, financieras e industriales del país que se aparte de ese objetivo. Y, sin escatimar esfuerzos, que en las decisiones familiares se respeten los derechos fundamentales, como en la esfera pública. Todo eso se logra con solo difundir más y mejor los principios, los valores y las reglas de la Ley Fundamental.

Tanto como sea posible. Hasta el grado de que nadie se sienta ajeno a la Carta Magna. Parece un sueño, una utopía, pero lo podemos materializar. La paz social y la riqueza brotarán con la seguridad jurídica.