El Tribunal Constitucional anuló la resolución 14-2022 sobre regulación del trabajo doméstico al considerar que viola el principio de separación de los poderes y que se trata de una modificación ilegal del Código de Trabajo, entre otras colisiones con el Texto Sustantivo.

Dirigentes sindicales han advertido que la sentencia de esa alta corte desconoce el Convenio 189 de la Organización Internacional (OIT), sobre trabajadores domésticos, ratificada por el Congreso, por lo que tendría rango o alcance constitucional.

El Constitucional es el tribunal supremo, que tiene la misión de garantizar la supremacía de la Carta Magna, defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales; es el órgano de interpretación y control de la constitucionalidad.

Lo que ha dicho ese tribunal es que el Ministerio de Trabajo se excedió al evacuar una resolución en cuyo contenido se modifica la ley especial que instituye el Código de Trabajo, en lo referido a los artículos 258-265, sobre jornada, salario y vacaciones, lo que viola los artículos 4, 6 y 62 de la Constitución.

Se argumenta que la sentencia del Tribunal Constitucional viola la resolución 189 de la OIT, pero los togados sostienen que el titular de Trabajo no tiene facultad para alterar una ley con la emisión de un edicto de menor categoría jurídica basado en la interpretación de ese convenio.

La normativa sobre el trabajo doméstico que pretendió aplicar por resolución el ministro Luis Miguel De Camps no puede alterar artículos del Código Laboral, que por tratarse de una ley solo debe ser modificada por el Congreso de la República. Así de sencillo.

Lo que se requiere es de una ley que regule el trabajo doméstico, dotada de un reglamento o resolución que no perturbe ninguna legislación emanada del Congreso ni convenios internacionales aprobados por el Poder Legislativo.