Santo Domingo, R.D.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este jueves la suspensión de oficio de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a empresas y consorcios presuntamente vinculados a una red que habría manipulado procesos de compras públicas mediante prácticas fraudulentas.

La medida está contenida en la resolución DGCP44-2025-004600, que deja sin efecto temporalmente los registros de las siguientes razones sociales:

Comerdon, SRL
Inversiones Qtek SRL
Condelca, SRL
Tingley Business, SRL
Mediterráneo Investments Group, SRL
Kury Limited.
Coav, SRL
Empresas Integradas, SAS
Flexiplas, SRL
Inversiones Nogal Verde, SRL
Agro Avícola Benevento, SRL
Grupo Empresarial Barnichta, SRL
Inversiones Yang, SRL
Topicverse, SRL
Roment, SRL
Consorcio Empresas Integradas & Concreto Pretensado
Empresas Integradas & Constructora Yeara
Empresas Integradas & Farmasino
Empresas Integradas & Tankasa
Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav).

Motivos de la suspensión

El órgano rector explicó que la decisión responde a la investigación administrativa realizada por la DGCP y a la pesquisa penal que dirige el Ministerio Público, debido a la presunta comisión de delitos como estafa al Estado, colusión, soborno, lavado de activos, falsificación de documentos, asociación de malhechores, entre otras infracciones que vulneran el patrimonio público y los procesos de compras gubernamentales.

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La institución aclaró que esta suspensión no constituye una sanción, sino una medida cautelar preventiva para resguardar el interés público y garantizar la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.

La DGCP señaló que existe un “riesgo grave e inminente” cuando se detectan indicios de actuación coordinada entre empresas para manipular procesos, pues esto compromete la libre competencia, la transparencia y la igualdad de participación.

El acto administrativo sostiene que mantener operativas a las empresas investigadas podría generar riesgo de reiteración, obstrucción o alteración de los procedimientos.

Antecedentes del caso

A finales de octubre, la DGCP remitió a la Procuraduría General de la República un informe técnico elaborado junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General, donde se documenta que la presunta estructura habría intervenido de manera irregular en procesos de compras públicas, utilizando tácticas de intimidación, extorsión e incluso posibles vínculos con funcionarios.

El informe identifica patrones repetitivos de participación conjunta, rotación de adjudicaciones y concentración de contratos en áreas específicas del mercado estatal.

Además, recoge declaraciones de proveedores que denunciaron amenazas, presiones y chantajes para desistir de adjudicaciones, evidenciando la existencia de mecanismos de manipulación que alteran la transparencia y la equidad en la contratación pública.